Bogotáfebrero 14, 2021hace 2 años

Decenas de familias invadieron un predio cercano a la cárcel Modelo de Bogotá

Por lo menos 100 familias que se asentaron en un terreno en el occidente de Bogotá aseguran no tener dónde vivir y que por la pandemia lo perdieron todo.

En el censo que realizó la Secretaría de Integración Social en diciembre pasado, se registraron 82 familias que se asentaron ilegalmente durante el 2020, en el lote contiguo a la Cárcel La Modelo, en el occidente de Bogotá, desde entonces, por lo menos dos decenas de familias más, que se dedican al reciclaje, llegaron allí para vivir en casas improvisadas.

“A mí no me gusta esta situación, pero me tocó porque ya prácticamente dormía en la calle”, manifestó Jaqueline Paipilla, habitante del asentamiento ilegal.

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Aunque a la fuerza han podido alzar un techo, estas personas no la pasan bien allí.

“Vivir en un rancho de estos con ratas, se pasa el agua, se inunda, el agua se mete por todo esto, se inunda cuando llueve. Vivir en una situación crítica eso no es de humanos (…) yo tengo perritos me toca ir a rebuscar de la basura para darles de comer a mis animales para que no aguantan hambre igual que uno”, agregó Jaqueline.

La energía la toman de los postes de luz instalados en la calle, el agua deben traerla en baldes de un terreno que se encuentra a dos cuadras del lugar. Dentro de esta población hay niños con tan solo días de nacidos y adultos mayores que, aunque están enfermos no han recibido atención médica.

“Me caí con el chorrillo y se me dobló la mano (…) me dicen que ahí tengo fractura, pero estoy esperando a ver (…) hoy francamente no he conseguido para tomarme una pastilla”, manifestó María Patricia Soto, habitante del asentamiento ilegal.

Estas personas son conscientes de que están invadiendo un predio privado, pero piden al Distrito que les dé una solución de vivienda digna antes que los saquen de allí.

“El viernes antepasado ya estaban que nos sacaban otra vez. Nosotros pidiéndole a Dios porque se nos escapa de las manos”, dijo otro de los habitantes del asentamiento.

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La orden policiva para el desalojo ya está dada desde el año pasado, pero aún no se ha podido realizar.

“Básicamente lo que estamos a la espera es de poder contar con todos los requerimientos logísticos que debe disponer el dueño del predio para poder hacer el cerramiento del lote y garantizarle una vigilancia permanente”, explicó Rosa Isabel Montero, alcaldesa (e) de la localidad de Puente Aranda.

La Universidad de Cundinamarca, dueña del terreno, aseguró que en 15 días tendría todo listo para tomar posesión del bien.

“Nos toca contratar una retroexcavadora, volquetas para limpiar el lote, después de hacer la limpieza hacemos un cerramiento provisional en tejas de zinc con postes de madera y colocamos tres vigilantes. Eso sería la primera semana de marzo”, señaló Marisol Alvarado Castillo, jefe de recursos físicos de la Universidad de Cundinamarca.

Aunque éstas personas afirman no haber recibido ayudas por parte del Distrito, la Secretaría de Integración Social asegura que sí se las han ofrecido pero que ellos no las han querido aceptar.

“Hemos establecido más de 48 intervenciones durante el año 2020 para ofertar los servicios sociales del distrito a esta población, escuchar sus solicitudes, sus necesidades y en coordinación también con el dueño propietario del lote, revisar cómo podemos sacar adelante las necesidades de la población y rescatar este espacio”, agregó Daniel Mora, director de Adultez de la Secretaria de Integración Social.

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Cuando llegue el día del desalojo, no solo tendrán que salir de este terreno las familias que afirman no tener dónde más vivir, sino también las decenas de carros que allí parquean, y que según informó la misma universidad, son de propiedad de dragoneantes y personal del Inpec, que no cuentan con permiso para estacionar allí.

Lezly Pérez - NoticiasRCN.com

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