Acolgen y Cámara Colombiana de la Energía en contra de intervención del presidente a la Creg

Frente al reciente anuncio del Gobierno Nacional, sobre la firma del decreto que faculta al presidente de la República, Gustavo Petro, para asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, diferentes sectores se han pronunciado.

Acolgen y la Cámara Colombiana de Energía emitieron dos comunicados en los que muestran su posición en contra de la determinación del presidente, advirtiendo los riesgos que puede representar la pérdida de independencia por parte de las comisiones reguladoras.

Por su parte, Acolgen, aunque resalta la coyuntura que se presenta con las tarifas de energía en el país, pidió al Gobierno Nacional tomar decisiones basadas en análisis técnicos al interior de la Creg, con el fin de responder al marco constitucional y legal que proteja y garantice el abastecimiento de energía.

Entretanto, desde la CCEnergía, reiteró la necesidad de garantizar la regulación técnica de la Creg y su funcionamiento independiente en concordancia con los estipulado por la ley. Además, la entidad argumentó que la constitución no acoge que el presidente “pueda regular aspectos como las tarifas de servicio público de energía eléctrica”, pues esta es tarea de la Comisión Reguladora.

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Las facultades del presidente

El pasado 16 de febrero se conoció el decreto con el que se faculta al presidente de la República, Gustavo Petro, para la regulación de los servicios públicos en Colombia. En el documento se lee:

Decreta “reasumir por el término de tres meses a partir de la vigencia del presente decreto, las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142 de11de julio de 1994, serán ejercidas por el presidente de la República”.

Según Petro, la determinación tiene lugar en un momento en que, pese a los anuncios del Gobierno sobre la rebaja en el precio de las tarifas de energía, nueve empresas reportaron alzas.

Las voces en contra

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, ya se había pronunciado respecto a la posibilidad de que el jefe de Estado asumiera el control de las tarifas de servicios, asegurando que esto podría tener consecuencias técnicas graves e incluso desencadenar en apagones.

Asimismo, justo antes de conocerse el decreto, la Creg y un grupo de 15 exministros de Minas y Energía habían enviado una carta a Petro advirtiendo sobre los efectos que podría tener esta decisión.

En el texto señalaban que la medida podría poner en riesgo la confianza en el sector, así como futuras inversiones para garantizar la cobertura y calidad de los servicios. Además, insistían en la premisa de que los servicios públicos no son propiedad de ningún gobierno.

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