Al Ministerio de Trabajo no le gustó la medida de formalización laboral establecida por Presidencia

Un nuevo rifirrafe se vive dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta vez relacionado con la iniciativa de acabar con los contratos de prestación de servicios en el sector público. 

Días atrás, el Departamento de Función Pública (DAFP), entidad adscrita a Presidencia de la República, emitió una circular por medio de la cual obligaba a las entidades públicas a iniciar el llamado “proceso de formalización laboral” por medio de la no elaboración de contratos de prestación de servicios por más de cuatro meses. 

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La norma también establece que las entidades públicas, nacionales y regionales, a más tardar en abril de 2023, deben llevar a cabo los estudios de cargas laborales necesarios para determinar el tamaño de sus plantas de personal. Esto significa que tendrán que informar a cuántas personas dejan los contratos de prestación de servicios y a cuántos van a contratar de planta, y a la vez, poder asignar los recursos presupuestales necesarios.  

Esta normativa generó malestar en el Ministerio de Trabajo, pues la ministra Gloria Inés Ramírez le envió una carta al secretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández Andrade, haciendo reparos por la norma emitida por el Departamento de Función Pública. 

“Observamos con extrañeza que el DAFP haya emitido la circular no solo sin atender nuestras recomendaciones y los principios legales, sino también permitiendo algunas de sus funciones generales que establecen la necesidad de estimular y promover, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, el desarrollo de una cultura en las relaciones laborales que propicien el diálogo…”, dice la carta de la Ministra. 

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El documento también señala que el Ministerio le recomendó a Función Pública seguir firmando contratos de prestación de servicios, por lo menos durante todo el 2023. Además, le indicó que lo mejor sería iniciar el proceso de formalización con los auxiliares técnicos y el personal asistencial de las entidades públicas. 

Otro de los reparos que hizo el Ministerio de Trabajo, es que, según la entidad, Función Pública tampoco tuvo en cuenta la asignación y disposición presupuestal, a cargo del Ministerio de Hacienda. 

“La coordinación con el Ministerio de Hacienda será fundamental para el éxito de este proceso”, agrega la carta. 

El Ministerio de Trabajo espera que Función Pública modifique la circular y así se pueda llevar a cabo el proceso de formalización de manera gradual y responsable. 

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De acuerdo con expertos, la formalización de todos los trabajadores públicos del país trae consigo un gran impacto fiscal. 

“El año pasado, toda la nómina del Gobierno Nacional Central superó un costo de $70 billones y una propuesta como la que se está considerando, elevaría considerablemente tal número”, dijo David Cubides, Director de Estudios Económicos de Alianza Valores.