Así sería el proyecto de "paz total" que el Gobierno presentaría para dialogar con los paramilitares

El senador Roy Barreras confirmó recientemente que el proyecto será radicado el 7 de agosto. Será una de las más duras apuestas del gobierno electo para tratar de llegar a un acuerdo general con los grupos armados ilegales que operan en el país. 

Sin embargo, la diferencia es puntual. Con el ELN, según han dicho algunos miembros del gobierno electo, habría incluso una propuesta para que se abra un capítulo en la propia JEP con una reforma que permita que estos casos sean evaluados y desarrollados luego del 1 de diciembre de 2016, fecha hasta la que la JEP tiene sus competencias en los hechos del conflicto armado.

La semana pasada este noticiero conoció la carta que un grupo de bloques paramilitares de todo el país envió al presidente electo, Gustavo Petro, con copia a los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Piedad Córdoba. En la carta los delincuentes ofrecían "un cese al fuego contra las instituciones", pero fueron claros en querer las mismas garantías y condiciones que tuvieron grupos armados anteriores. De esa aproximación débil no se sabe si los paramilitares están hablando de curules en el Congreso y penas alternativas que no contemplen la cárcel detrás de las barras de acero, o si se refieren a los términos de los acuerdos de Justicia y Paz con los que los entonces paramilitares entregaron las armas a cambio de penas máximas privativas de la libertad con un máximo de ocho años de cárcel. 

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Sin embargo, todavía existen puntos negros en ese capítulo de la historia del país. Uno de los compromisos de ese acuerdo era la obligación con la verdad que, para algunos, fue interrumpida con la extradición, aunque otros expertos conceptúan que eso no necesariamente es una barrera en la colaboración y la entrega de la verdad para las víctimas con los beneficios de la tecnología de hoy. Mancuso, por ejemplo, participó durante los últimos años en un gran número de audiencias con la Comisión de la Verdad en donde amplió extensamente su versión del conflicto en Córdoba y sus relaciones con el poder. 

La periodista Darcy Quinn reveló en sus secretos en La FM que los elementos principales de esta apuesta del gobierno electo ante el Congreso tendrían que ver con ocho años efectivos de privación de la libertad, entrega de los bienes y el patrimonio generado por el narcotráfico, un fin definitivo a las actividades criminales y la entrega de información precisa para la reparación de las víctimas. 

Con ese escenario no parece fácil que los mismos bloques paramilitares que enviaron la carta la semana pasada acepten los términos propuestos hasta ahora. Mucho menos si, del otro lado, los guerrilleros en armas del ELN que realizan las mismas actividades y controlan rutas en el Catatumbo y la frontera con Venezuela, posiblemente sí tengan derechos a la participación política y la evasión de la cárcel, tras una eventual desmovilización. 

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El debate sobre el concepto de la rebelión

De nuevo, lo fundamental será el debate teórico alrededor del concepto de rebelión, pero ese debate ya se dio con un gran calado para el acuerdo del gobierno Santos con las Farc. Entonces se aceptó que el narcotráfico en la práctica fuese un delito conexo a la rebelión. Eso hizo que las acciones probadas de narcotráfico de las FARC pudieran ser perdonadas e incluidas en el contexto de la rebelión para lograr el acceso a una justicia especial diferente a la ordinaria en la que el narcotráfico no podría tener alguna diferenciación. 

La pregunta es si hoy con el control del narco por parte del ELN; de sus rutas en varias regiones y sus acciones criminales entre las que se encuentran el asesinato a líderes sociales y hechos criminales más allá de la consigna de un alzamiento armado contra el Estado para lograr el poder político. 

El senador Iván Cepeda dijo que todavía se están revisando las condiciones de la propuesta del gobierno. "Aún debemos examinar las posibilidades jurídicas, pero es claro que no se trata de una negociación. Es más bien un diálogo para un desmantelamiento", explicó. 

En realidad, fácticamente sí se trata de una negociación. Los bloques de paramilitares están pidiendo condiciones "como las de grupos armados anteriores", a cambio de un cese al fuego contra las instituciones. Y en los últimos días el Clan del Golfo declaró un paro armado que ha dejado la muerte de varios policías especialmente en Córdoba y Antioquia, probablemente como una acción de presión antes de la posesión presidencial. Dos policías murieron en Yarumal el fin de semana en esa escalada de violencia. 

Si el proyecto se radica el 7 de agosto, el país volverá sin lugar a dudas a una nueva discusión ardua y profunda sobre las condiciones para un desarme general de los grupos armados que imponen la violencia en las regiones en relación con el negocio de las drogas y más recientemente en asociación con los más peligrosos carteles mexicanos. Como se vio en el gobierno anterior, esa discusión nunca termina en solo cuatro años de administración.