Atención: juez ordenó casa por cárcel para Alexandra Agudelo por presunta corrupción en 'Buen Comienzo'

Este 20 de febrero, en el marco de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en contra de la secretaria de Educación de Medellín y dos funcionarios más por las presuntas irregularidades en el programa 'Buen Comienzo', se conoció la decisión sobre la medida cautelar.

El juez encargado del caso dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria para Martha Alexandra Agudelo, secretaria de Educación; y Lina Gil, exdirectora del programa 'Buen Comienzo', por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos para la entrega de paquetes alimentarios.

Tras conocer la decisión, la secretaria se pronunció a través de su cuenta de Twitter asegurando que continuará rindiendo versión ante las autoridades y "defendiendo su buen nombre". Entretanto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, añadió que respetarán las decisiones judiciales y que, durante el proceso, Agudelo demostrará su inocencia.

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Caso 'Buen Comienzo'

La investigación de la Fiscalía está centrada sobre 'Buen Comienzo', emblema de política pública de la actual Alcaldía de Medellín, debido a las acusaciones de sectores políticos que señalaron cambios en el programa para favorecer a terceros. 

En consecuencia, la Fiscalía General imputó delitos graves a la secretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo, quien tendrá que defenderse de la acusación por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Agudelo hace parte del círculo de confianza, cercano y directo del alcalde Daniel Quintero, además, su imputación salpica a otras dos personas que tendrían relación estrecha con el millonario contrato del programa 'Buen Comienzo' que está en plena investigación.

En esta investigación también están involucrados la exdirectora técnica del programa,Lina María Gil; y el representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez Montoya, quienes deberán responder por la presunta malversación de un contrato de  $1.300 millones de pesos.

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