Nueva negociación con las disidencias de las Farc: ¿se podría modificar la Constitución una vez más?

Algunos anuncios desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder han generado posiciones a favor y en contra. Estos hasta al momento han tenido eco y dejado en el aire varios cuestionamientos.

A principios de este año, el presidente de la República puso sobre la mesa la intención de pactar con algunos grupos armados un cese bilateral, un proceso técnico, verificable y ordenado, en el que los grupos guerrilleros deciden terminan por completo las acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

Entre estos grupos aparecen: el Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas de la Sierra Nevada y el Estado Mayor Central.

¿Cómo se lograría esto?

Lo anterior lleva consigo un proceso que debe ser meticuloso. Para esto, el Gobierno comenzó a trabajar en la creación de diferentes decretos que serían la hoja de ruta con cada una de estas estructuras.

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Pero fue exactamente el 8 de febrero de 2023 cuando el Gobierno hizo un anuncio que generó controversia en algunos sectores. Este se dio en medio del nombramiento de voceros y gestores que acompañarían los procesos de diálogo con los diferentes grupos armados, que se reanudaron hace algunos meses.

Puntualmente, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hablaron sobre un protocolo, pero ¿cuál? Este plantearía monitorear, verificar y hacer veeduría al cese al fuego bilateral temporal que había sido anunciado anteriormente.

Así pues, esto da luces sobre los acercamientos que el Gobierno de Gustavo Petro ha intentado establecer con las disidencias de las Farc, grupo que ha tomado protagonismo en los últimos días, por actos violentos cometidos en algunas regiones del país, y que, en unos casos, han dejado víctimas mortales.

Sin duda alguna, este intento plantea algunos interrogantes y también ha suscitado polémica, porque hay quienes creen que a los guerrilleros no debería dárseles una segunda oportunidad para hacer parte de un proceso de paz. Además que, para lograrlo, se debería reformar la Constitución, tal como lo mencionó el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. “Quienes traicionaron el acuerdo de paz y volvieron a las armas no pueden tener reconocimiento político ni acceder a los beneficios de la justicia transicional. Sería un pésimo mensaje y además el acto legislativo que creó la JEP no lo permite. Tendría que reformarse la constitución”, tuiteó.

Para tratar de aclarar esto, NoticiasRCN.com habló con Diana Valencia, abogada con doctorado en derecho público, y le consultó qué pasaría con la Carta Magna si se concreta una negociación con las disidencias. La experta puntualizó que el artículo 375 de la Constitución Política determina cuál es el procedimiento a seguir para realizar reformas constitucionales. Fue enfática al afirmar que, si estas condiciones se cumplen, una nueva reforma sí podría ser realidad. 

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“Este es un camino que pueden tomar nuestros líderes políticos para realizar todas esas reformas que, en una coyuntura específica, son requeridas para avanzar conforme proyectos o voluntades políticas que se van planteando. Es un procedimiento más difícil, tiene más requisitos, necesita más mayorías que cualquier ley ordinaria o cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Todo esto porque la idea es que la Constitución no se pueda reformar tan fácilmente, sino que requiera de unos consensos mayores, y por eso el procedimiento es más riguroso. El artículo 375 en alguna medida es el que lo permite”, señaló.

Puntos clave para que la Constitución se pueda reformar 

Diana Valencia detalla que hay unos consensos políticos que se deben tener en cuenta para que, en este caso, en el marco de los acercamientos del Gobierno con las disidencias de las Farc, la Constitución se pueda reformar. “El artículo 375 nos dice que se pueden tramitar proyectos de actos legislativos. El Gobierno los puede gestionar a través de estos actos o también por diez miembros del Congreso, el 20 % de los concejales o diputados y los ciudadanos, en número equivalente al menos en un 5 % del censo electoral. Lo que ha sucedido normalmente es que estos actos legislativos se hacen por iniciativa del Gobierno y especialmente en estos temas de paz”, explicó.

La abogada constitucionalista indicó que el trámite del proyecto tiene lugar en dos periodos ordinarios y consecutivos. “Este debe ser aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes y el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo periodo la aprobación requiere el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara, es decir, Senado y Cámara de Representantes. Aquí solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero, es decir, no pueden modificarse cosas sustanciales de un periodo a otro”, destacó.

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Por otro lado, afirmó que como punto importante la discusión política se debe dar alrededor de cómo han funcionado estas reformas constitucionales “que ya se hicieron al proceso de paz en el gobierno Santos, y luego que exista realmente un debate serio en qué se puede mejorar o qué cambios se requerirían, teniendo en cuenta las reformas que ya existen en materia de paz”.

Acuerdo de cese bilateral entre Gobierno y disidencias de las Farc 

“La gran diferencia que hay entre todos los procesos de paz anteriores es que en este caso son grupos que no están organizados, no tienen unos líderes o jerarquía como la tenían las Farc, así como esos grupos criminales que aparentemente están entrando en el proceso de ‘paz total’”. Ante esto, puntualiza que, al ser grupos que no tienen una organización clara, la negociación con ellos será un poco más difícil.

Según Valencia, este se convierte en el desafío más grande en el medio de estos acercamientos. “No hay claridad sobre el tipo de liderazgo de estos grupos con los que se están negociando. Entonces, sí se puede reformar la Constitución, pero el proceso no es fácil. Es riguroso porque la idea es protegerla. No estoy de acuerdo con ninguna reforma constitucional para este proceso de paz. La Constitución lo permite, pero se debe dar un adecuado debate en el Congreso, para salvaguardar nuestras instituciones”.

En este orden de ideas, es válido preguntarse, o más bien tener claridad, sobre el camino que se quiere seguir. Esto teniendo en cuenta que, aunque no es algo que se logre de la noche a la mañana, la Constitución sí se puede reformar y sobre esto recae un nivel de responsabilidad y trascendencia.

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