Funcionario del Inpec habría ayudado a un recluso para que escapara en Santa Marta
El caso ocurrió el 13 de diciembre de 2023. ¿Cómo se organizó la fuga?
Noticias RCN
07:15 p. m.
Hace menos de dos años, una persona que estaba cumpliendo una condena; se fugó del centro donde estaba. Lo particular fue la forma en la que logró su cometido.
La Procuraduría se formuló pliego de cargos al funcionario del Inpec (exasesor jurídico de un centro de reclusión) por presuntamente permitir la fuga de un delincuente.
¿Cómo se dio la fuga?
Los hechos se remontan al 13 de diciembre de 2023. Para ese momento, Farid Andrés Zúñiga Ramos estaba privado de la libertad en el centro de reclusión Rodrigo de Bastidas en Santa Marta por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
No obstante, este hombre salió del sitio antes de cumplir su condena. ¿Cómo lo hizo? Ahí fue donde presuntamente intercedió Javier Redondo Herrera, el exasesor jurídico.
Las investigaciones indican que le habría entregado al director del centro y al comandante, documentos que supuestamente autorizaban la salida de Zúñiga; pero en verdad eran fraudulentos.
Al parecer, Redondo recibió una alta suma de dinero por parte de Zúñiga para presentar la orden de salida falsa. Adentro del centro, la salida de este hombre generó sospechas.
La hipótesis se confirmó cuando el equipo directivo consultó con el juzgado a cargo de la pena de Zúñiga sobre la veracidad de los documentos que respaldaban la salida. La respuesta fue que nunca salieron del despacho.
Documentos falsos permitieron la fuga
En 2024, la Oficina de Control Interno y Disciplinario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó investigación disciplinaria contra el exasesor, así como otros dos exfuncionarios del centro.
El proceso fue remitido a la Procuraduría Regional de Magdalena – Área de Instrucción. El Ministerio Público entonces pudo corroborar las irregularidades en el proceso.
Estos documentos nunca fueron enviados al correo electrónico destinado por el penal para estos trámites, como lo habría afirmado el funcionario investigado.
Cuando ocurrieron los hechos, la Personería de Santa Marta pidió organizar una agencia especial para intervenir en este asunto.
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