Carlos Mattos se comprometió a reparar con USD$1 millón a la rama judicial

Carlos Mattos, el empresario señalado de sobornar a jueces de la República para salir favorecido en la adjudicación de derechos para la venta de autos Hyundai en el país, dio un nuevo paso hacia la reparación por los daños ocasionados a la justicia.

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Según un documento firmado por él desde la cárcel de Cómbita, Boyacá, en donde se encuentra recluidos luego de ser trasladado de La Picota por los escándalos generados tras sus salidas y caminatas por la capital, Mattos se comprometió a pagar la suma de USD$ 1 millón como indemnización por los daños causados a la rama judicial.

Carlos José Mattos Barrero representado por su defensor el abogado Omar Juan Suárez, acuerdan como reparación la suma de USD$500.000 por cada uno de los procesos radicados (...), es decir, que el total de la reparación será la suma de USD$1 millón que será consignada en la cuenta del banco Agrario de Colombia a favor de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Esta reparación sin precedentes fue pactada mediante un contrato de transacción, con el cual Mattos espera saldar cada uno de los procesos radicados por la justicia colombiana y que buscan castigar el pago de coimas a jueces y funcionarios para monopolizar la venta de automóviles Hyundai en el país, caso que se convirtió en uno de los más sonados de los últimos años.

Aceptación de culpa

Cabe recordar que después de años de negar su responsabilidad, Mattos fue extraditado desde España y aceptó la comisión de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático agravado, por lo cual sería condenado el próximo 22 de abril.

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Entretanto, un caso paralelo en contra del empresario continuará en juicio, a menos de que Mattos se declare culpable. En contexto, el empresario es señalado de sobornar a la rama judicial para salir favorecido en procesos aun cuando la casa matriz de Hyundai en Corea le había retirado su apoyo y representación para la venta de autos en Colombia.

Mattos podría pagar una pena de entre 5 y 8 años de cárcel por sus crímenes, aparte de la reparación económica que ya se comprometió a cumplir.