Juez le concede casa por cárcel a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero
Miguel Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Nicolás Martínez Sánchez
03:49 p. m.
Este viernes 2 de octubre, el juez 27 de control de garantías le concedió casa por cárcel a Miguel Quintero por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La Fiscalía dio a conocer un presunto detrimento superior a los 2.400 millones de pesos por causa de un posible direccionamiento de contratos en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
El escándalo en Antioquia por direccionamiento de contratos
Las investigaciones detallan que posiblemente hubo direccionamiento de seis contratos por más de 17.657 millones de pesos.
Estos contratos fueron suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. A partir de esta situación, se habría generado un detrimento que alcanzó a ser mayor a los 2.481 millones de pesos.
A nivel más detallado, el ente de control reveló que los acuerdos se dieron entre 2019 y 2023, teniendo como alcance fortalecer las capacidades de los bomberos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Sin embargo, los contratos se habrían efectuado de forma irregular. Por ejemplo, se conocieron posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos no presentados de servicios de transporte y recargas de celulares.
¿Qué rol habría tenido Miguel Quintero?
El ojo de la controversia se fijó en Miguel Quintero, quien no era servidor público. Para cuando se dieron los hechos mencionados, supuestamente tuvo influencia en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona para que fuera el director del área metropolitana y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector administrativo y financiero de esta.
Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, imputado por corrupción
En ese orden de ideas, las pesquisas apuntan a que Miguel les habría ordenado a ambos el direccionamiento de los contratos para el cuerpo de bomberos y así beneficiar a quien era el representante legal, Misael Alberto Cadavid Jaramillo. Para ello, se habría dispuesto un pago del 15 % de los recursos a cambio.
Otro nombre clave en este escándalo es el de Sebastián de Dios Ortega Urán, a quien señalan por presuntamente haber recibido dinero en efectivo y luego dárselo a Miguel. La justicia lo dejó en libertad mientras sigue su proceso por presunto peculado por apropiación.
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