Confidencial: ¿Persecución desde Presidencia al exministro Alejandro Gaviria?

Como lo había revelado este medio, Alejandro Gaviria está siendo el centro de las investigaciones de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República. El exministro ha venido gastando todas sus energías en cuestionar los apartados más problemáticos de la reforma a la salud cada vez que tiene la oportunidad. Lo ha hecho en foros académicos, como uno reciente de la Universidad de Los Andes, en entrevistas a todos los medios, y a través de comentarios en sus redes sociales.

La Superintendencia de Salud preparó un informe que fue enviado a Presidencia en los últimos días y que reúne en detalle los hechos que sucedieron en el sector mientras que Gaviria fue ministro.

Para entonces ocurrieron algunos de los hechos más trascendentales de corrupción en el sistema. Se descubrió el escándalo de Saludcoop, en el que Carlos Palacino fue procesado por la justicia, tras supuestamente haber apropiado recursos públicos para negocios privados que se derivaban de la EPS.

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La justicia ha aclarado esos hechos recientemente y la historia cambió un poco. Pero esos afiliados de Saludcoop, que era una de las EPS más prósperas, pasaron a ser administrados por el Estado en CafeSalud. Luego esa EPS no pudo con el volumen de afiliados y fue vendida en un proceso cuestionado en el que una sociedad llamada Prestnewco terminó comprándola por más de un billón de pesos y se convirtió en Medimás. 

A pesar de múltiples investigaciones de los entes de control, hasta ahora no se ha definido ninguna responsabilidad individual contra Gaviria. El liquidador de Saludcoop y de Cafesalud, Guillermo Grosso, que fue designado por la Superintendencia de Salud en la administración Gaviria, fue condenado por hechos de corrupción. 

Lo cierto es que parece que luego de las constantes críticas de Gaviria a la reforma de la ministra Carolina Corcho, el Gobierno parece interesado en examinar su pasado con lupa, sin que los hechos de control hayan encontrado conductas sancionables, por lo menos para su caso. Esto se suma en el contexto a investigaciones de otras superintendencias que fueron cuestionadas por la forma.

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La SIC visitó las oficinas de Ecopetrol e investigó los celulares y computadores del expresidente Felipe Bayón el último día de su ejercicio en el cargo. 

La pregunta es si el Gobierno y Presidencia usará sus entidades para investigar y examinar en detalle las actuaciones de quienes se opongan a las reformas, tareas que parecen más de los entes de control que del ejecutivo.

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