Presidente Petro no podrá asumir regulación de precios de servicios públicos por orden del Consejo de Estado

Mediante una decisión proferida por la Sección Primera de la sala de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado ratificó la suspensión del decreto con el que el presidente Petro buscaba asumir algunas funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

El alto tribunal reiteró, provisionalmente, que la aplicación del decreto implicaría reasumir las funciones delegadas a la Creg, lo que requeriría además de la expedición de nuevas normas dentro de un marco regulatorio.

Así las cosas, el presidente Gustavo Petro no podrá asumir, por ahora, la regulación de precios de los servicios públicos en el país.

En el texto del Consejo de Estado se determina que las disposiciones del decreto evidencian una "intención normativa de regulación, por cuanto su competencia ya no opera bajo la decisión de reasumir las funciones delegadas, sino que delimita su objetivo de posterior regulación, producto de la asunción de las que denomina no son sus competencias, para lo cual fija las pautas y lineamientos que han de aplicarse en la adopción de tal regulación".

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En consecuencia, para el tribunal es claro que el Gobierno pasó por alto el cumplimiento de un requisito obligatorio previo a la expedición del decreto.

¿Qué pasó con el decreto que facultaba al presidente para regular los servicios públicos?

El pasado 16 de febrero se firmó el decreto mediante el cual se facultaba al presidente de la República para la regulación de precios de los servicios públicos en el país por el plazo de tres meses.

Dicha decisión del mandatario fue impulsada por las dramáticas alzas en las tarifas de algunas empresas de energía. Sin embargo, como era de esperarse, fue blanco de críticas y controversias por parte de sectores como Andesco, que manifestó un "alto costo para la parte técnica" y la posibilidad de vivir apagones y fallas en los servicios.

Casi un mes después, el 2 de marzo, el Consejo de Estado echó abajo el decreto, asegurando que el presidente se había atribuido el rol de regular el régimen tarifario de los servicios públicos, cuando la asignación de estas funciones le correspondía al Congreso de la República.

De esta forma, la sala del Consejo de Estado detalló que las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios seguirán ejerciendo todas las funciones que les fueron asignadas.

Ahora, con la ratificación del tribunal, el presidente deberá esperar que se estudie a fondo la demanda que pidió anular el decreto, en la que se alegan irregularidades por pretender despojar a la Creg y a la CRA de competencias conferidas por el legislador.

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