Corte Suprema toma contundente decisión sobre sonado caso de corrupción que salpicó a exfuncionarios
Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2010, cuando existía el Ministerio de Protección Social.
Felipe Quintero
01:31 p. m.
La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia condenatoria contra dos exfuncionarios del entonces Ministerio de Protección Social (actual Ministerio de Salud) por desviar recursos del sistema de salud mediante la aprobación de recobros por servicios inexistentes.
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Los hechos, registrados entre 2006 y 2010, se dieron en un esquema de corrupción que superó los 300 millones de pesos.
Esquema de corrupción se apoderó de $300 millones
El magistrado de la Sala Penal, Fernando León Bolaños, enfatizó la gravedad de los sucesos al señalar que los condenados conformaron una organización delictiva con la finalidad explícita de apoderarse de recursos públicos derivados del Sistema de Seguridad Social de Salud.
“Se atribuyó haber conformado una organización con la finalidad de apoderarse de recursos públicos (…) Emitieron resoluciones ilegales”, sostuvo.
Con base en lo revelado tras las investigaciones, los dos exfuncionarios utilizaron sus cargos para aprobar, de forma fraudulenta, peticiones de compensación por recobro. En total, hubo 14.852 recobros pertenecientes a Salud Colpatria EPS, Ecoopsos EPS, Coomeva EPS, Solsalud EPS y EPS Famisanar. De este monto, 10.910 (traducido en el 75 %) se dieron bajo irregularidades.
El escándalo entre las sombras: así se dio
El mecanismo operativo, entonces, consistía en dar curso a las peticiones de compensación, levantar las glosas y emitir resoluciones ilegales que reconocían y lograban la orden del gasto por la Dirección de Financiamiento y el pago por el Consorcio Fidufosyga 2005.
Detalles clave del organigrama del presunto entramado de corrupción de los hermanos Quintero
Los recursos desviados, que superaron los 300 millones de pesos, estaban originalmente destinados a cubrir servicios médicos, pero terminaron en los bolsillos personales de los exfuncionarios.
Acto seguido, el alto tribunal ordenó la captura de ambos, quienes deberán cumplir una pena privativa de la libertad por el delito de peculado por apropiación agravado y utilización de sus cargos para expedir resoluciones en contravía de la normatividad vigente.
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