Corte tumbó plan presentado por la Policía Nacional para aspersión aérea con glifosato

Este miércoles 19 de enero, la Corte Constitucional tumbó la resolución aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), con la que se pretendía dar vía libre a la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto por la Policía Nacional, para retomar la erradicación de cultivos ilícitos por medio de la aspersión aérea de glifosato.

"En este caso, la Anla debió valorar las advertencias que múltiples organizaciones civiles y organismos de control le hicieron acerca de la poca cobertura de internet y telefonía en los lugares apartados de los mencionados municipios involucrados", dijo la Corte Constitucional tras conceder la tutela interpuesta por José Ilder Benavides, quien argumentó que la propuesta fue presentada durante una audiencia en Florencia, Caquetá, en la que la mayoría participó virtualmente y con dificultades de conexión.

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El alto tribunal ordenó a la Anla, la Policía Nacional y al Ministerio del interior que “adelanten un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas que tienen presencia en cada uno los seis núcleos de operación definidos para la modificación del PMA del PECIG (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato), que abarcan un total de 104 municipios en 14 departamentos”.

El pasado mes de abril de 2021, la Anla había dado luz verde al Plan de Manejo Ambiental para Fumigación con Glifosato. El director de la entidad, Rodrigo Suárez Castaño, había asegurado que decisión había sido tomada tras un estudio técnico y jurídico, derivado de una solicitud radicada por la Policía Nacional en agosto de 2019.
Esta solicitud a su vez derivó en la conformación de equipos de estudio especializados compuestos por expertos en ecología, hidrología, geología, biología, aspectos socioeconómicos y físicos, entre otros, quienes tuvieron a su cargo el análisis de los resultados de 12 años de seguimiento a la actividad de aspersión aérea con el herbicida, empleado para la erradicación de cultivos ilícitos.

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Sin embargo, en contra posición a lo que afirmó Benavides, Castaño aseguró entonces que los resultados del estudio también derivaron de encuentros técnicos y académicos con distintos sectores de la sociedad colombiana y de las áreas de influencia de la aspersión, en búsqueda de nuevas observaciones y recomendaciones que pudiesen ser relevantes en el estudio de la solicitud planteada por la Policía Nacional y su correspondiente toma de decisiones.

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