Cuatro localidades de Bogotá en riesgo durante elecciones presidenciales: Personería

A cuatro días de las elecciones presidenciales, programadas para el domingo 29 de mayo, la Personería de Bogotá alertó por posibles riesgos durante la jornada electoral en cuatro localidades de la capital.

Julián Malagón, personero de Bogotá, señaló que la entidad tiene información de posibles riesgos por vandalismo en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Teusaquillo, en donde se ubican algunas sedes políticas y oficinas de la Registraduría.

Asimismo, la Personería aseguró que han llegado quejas por la existencia de vallas y avisos publicitarios con contenido político, que no cumplen con los requisitos de instalación dispuestos por el CNE, sobre todo en barrios de La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

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En estas localidades, se ha solicitado a la Alcaldía el desmonte de las vallas y avisos que infringen la norma, sin embargo, la Administración Distrital ha asegurado no tener la competencia para llevar a cabo esta tarea. Además, se han realizado recorridos para identificar propaganda electoral en sitios aledaños a los puestos de votación.

“Más de 350 funcionarios vamos a estar como guardianes de la democracia vigilando 253 puestos de votación y 3.740 mesas en siete localidades: Santa Fe, San Cristóbal, Bosa, Usme, Teusaquillo, Sumapaz y Barrios Unidos, al igual que en Corferias”, añadió Malagón.

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Llamado a la Registraduría

Por otra parte, la Personería agregó un llamado a la Registraduría para ajustar y garantizar el buen funcionamiento de la plataforma, con el fin de agilizar los procesos de consulta del puesto de votación.

Ante las quejas de personas en las elecciones legislativas, del pasado mes de marzo, que señalaron el cambio de puesto de votación y que al momento de ir a sufragar no aparecían en los listados, la Personería ha solicitado a la Registraduría realizar los ajustes necesarios para que esta situación no vuelva a ocurrir.

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Finalmente, el llamado va dirigido a garantizar el derecho al voto de la población privada de la libertad, a la espera de una condena, o recluidos en URI y estaciones de Policía; así como el de la población con discapacidad visual, mediante la implementación de material braille.