Cuatro policías fueron judicializados por presuntamente permitir prostitución infantil en Kennedy

Un juez de control de garantías judicializó a cuatro miembros de la Policía Nacional, adscritos al CAI Caldas de Kennedy, al parecer, por omitir sus deberes frente al control de delitos como la venta de licor adulterado y la prostitución infantil, entre otros hechos.

Se trata del intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Walder Antonio Orjuela Morales, Johan Manuel Hernández Gordillo y Jairo Alexander Pineda López. Estas personas presuntamente habría permitido la comercialización de estupefacientes en barrios y negocios del barrio María Paz, ubicado en la localidad de Kennedy.

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Lo que permitió identificar dichas actividades criminales fueron unas interceptaciones de comunicaciones que pusieron al descubierto a los uniformados del CAI. Gracias a esto también se logró establecer que los funcionarios cobraban importantes sumas de dinero a los líderes de organizaciones criminales, y también daban vía libre a la venta de licor adulterado y la prostitución infantil.

Entre las bandas a las que les permitían operar se encuentra el Tren de Aragua, una estructura traslacional que aterrorizó Bogotá, y que se atribuyó la responsabilidad por varios cuerpos encontrados en vías públicas de la ciudad.

Por estos hechos se les imputó el delito de cohecho y “un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Molina Salas y Hernández Gordillo, quienes no se allanaron a los cargos imputados. Por su parte, Óscar Javier Vanegas, y Pineda López aceptaron su responsabilidad y fueron cobijados con detención domiciliaria”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

En el marco de la política anticorrupción que se adelanta entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General Penal, Militar y Policial, se han materializado más de seis órdenes de captura sobre uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, por presuntamente haber participado en delitos como concusión, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Estos operativos se hacen con la intención de seguir mandando un mensaje sobre la transparencia que se busca en la institución en su plan interno de anticorrupción. Las investigaciones sobre miembros de la entidad siguen su curso y solo en 2022 más de 2.200 dejaron un balance de cientos de policías destituidos, sancionados, amonestados y multados.

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