Defensoría rechaza amenazas contra el registrador nacional realizadas desde cuentas anónimas
La entidad hizo un llamado a la Fiscalía y a las compañías tecnológicas a intervenir.
Noticias RCN
03:46 p. m.
Habiendo pasado casi 50 días de las elecciones presidenciales, en las que Abelardo de la Espriella logró superar en votos a Iván Cepeda, la Defensoría del Pueblo rechazó los mensajes intimidatorios de cuentas anónimas que, en redes sociales, promueven acciones violentas contra el registrador nacional, Hernán Penagos, otros servidores de la Registraduría y sus instalaciones físicas.
La entidad insiste en que “la Registraduría Nacional del Estado Civil cumple funciones esenciales para garantizar los derechos políticos, a través de procedimientos sujetos a controles, verificaciones, auditorías y observación, por lo que la protección de quienes ejercen estas funciones es indispensable para el desarrollo libre del proceso electoral y el fortalecimiento de la democracia”.
Cuestionamientos sí, pero los discursos de odio y la promoción de actos violentos no:
Desde la Defensoría recordaron que, si bien “las observaciones y los cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son legítimos en una democracia, pero deben tramitarse de manera pacífica y mediante los mecanismos institucionales previstos para ello”.
El hostigamiento y las amenazas realizadas en redes sociales y plataformas digitales contra los funcionarios de la Registraduría debilitan la democracia y el debate; lo que, tristemente, ha ido normalizándose, según la entidad.
Advierten aumento de hasta 364% en la votación de puestos donde ganó Cepeda en segunda vuelta
Un llamado que involucra a los usuarios, pero también a las entidades y compañías tecnológicas:
En respuesta a la ola de violencia registrada en redes contra el registrador y otros funcionarios desde las elecciones de segunda vuelta, el pasado 21 de junio, la Registraduría hizo un llamado enfático a los ciudadanos y actores políticos a rechazar y denunciar cualquier acto de intimidación.
Además, solicitó a la Fiscalía “adelantar las actuaciones que correspondan frente a las amenazas y expresiones que, por no estar amparadas por la libertad de expresión, puedan constituir delitos”, preservando la evidencia, a las compañías tecnológicas a reforzar su control sobre algunos contenidos y a la Unidad Nacional de Protección a evaluar y garantizar la seguridad de los funcionarios de la Registraduría.
Síguenos en Google News
