Demanda del Ministerio de Salud es confusa e imprecisa: contralor

La Contraloría General de la República terminó involucrada en la demanda del Gobierno Nacional contra las EPS. En #ALoQueVinimos, el contralor Carlos Mario Zuluaga rechazó la vinculación. Además, habló sobre las posibles investigaciones por el escándalo de los Juegos Panamericanos.

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¿Cómo califica la acción del Ministerio de Salud contra el ente de control?

Hemos hablado desde la Contraloría General de la República sobre la inconveniencia de vincular a la Contraloría de una manera no clara, en una acción popular que desconoce las competencias y funciones que la Contraloría viene ejecutando de manera regular. No necesita una acción popular para que se ejecute como se ha venido haciendo. Además, se desconoce el marco de competencias institucionales, la independencia de poder y la separación de poderes que la Contraloría ha demostrado en cada uno de sus pronunciamientos.

¿Ustedes por qué aparecen en esta demanda?

Es confuso porque parece que nos estuvieron vinculando de una manera como demandados, en otra como testigos técnicos. No es clara la forma en la que mencionan a la Contraloría. También hay una imprecisión en la que el ministro solicita que la Contraloría haga una auditoría forense a las EPS. Nosotros no podemos hacer levantamiento de duelo corporativo ni una auditoría forense sino hay una actuación en curso.

Frente a los Panamericanos, ¿qué van a hacer ustedes ante este escándalo?

Estamos esperando a que este tema se resuelva, pero hay un problema y es que, si se mantiene la suspensión y se cancela Barranquilla como sede de los juegos, 2.5 millones de dólares que ha cancelado Barranquilla en función de las obligaciones se constituirán de manera inmediata en un decremento patrimonial. En esa circunstancia, la Contraloría tiene que abrir un proceso de responsabilidad fiscal que los involucra de manera inicial a todos. Se tendrá que detectar quienes fueron los causantes del incumplimiento y quienes fueron los que no cumplieron las obligaciones que estaban pactadas en ese convenio que era tripartita inicialmente.

La tragedia de Chocó evidencia una preocupación por la falta de mantenimiento en vías importantes del país. ¿Ustedes qué han identificado?

La congelación de las tarifas de los peajes introdujo una crisis de capacidad financiera para resolver los cronogramas de trabajo que tienen muchas de esas concesiones. No hay un incumplimiento del gobierno, hay un retraso que está generando un desequilibrio económico. El desequilibrio está haciendo que los concesionarios tengan que acudir a bancos y tasas más altas, lo que va a terminar afectando el desarrollo de las obras, el equilibrio económico y no le conviene al país.

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