Destitución del alcalde electo de Tocancipá será remitida al Consejo de Estado

La Procuraduría anunció que el fallo de destitución del alcalde electo de Tocancipá, Cundinamarca, será remitido al Consejo de Estado en aplicación del recurso de revisión.

Walfrando Adolfo Forero Bejarano fue destituido e inhabilitado por diez años y seis meses por un incremento patrimonial injustificado de $951 millones.

Para la Procuraduría el alcalde electo tiene un nuevo mandato popular y, en consecuencia, en respeto de los derechos de los electores y respetuosa de la garantía de reserva judicial, dará curso al trámite para que sobre el asunto se pronuncie ese alto tribunal. 

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Destitución alcalde de Tocancipá pasa a Consejo de Estado

La Procuraduría General de la Nación dispuso la remisión al Consejo de Estado, para que conozca el recurso extraordinario de revisión, del fallo de segunda instancia que confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de diez años y seis meses impuesta al alcalde electo de Tocancipá, Cundinamarca.

"En el caso de Forero Bejarano, aunque los hechos que motivaron el fallo ocurrieron durante su mandato anterior entre 2016 y 2019,  al momento de proferir la decisión de segunda instancia, la Comisión Escrutadora Municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil ya había emitido la credencial electoral que lo declaró elegido como alcalde para el periodo 2024 – 2027" explicó la Procuraduría.

Por esa razón, el Ministerio Público indicó que la revisión del Consejo de Estado aplica para este caso en particular, pues al momento de proferirse la decisión ya había sido declarado electo nuevamente, “lo que materialmente representa un nuevo mandato ciudadano que subyace a los derechos políticos del elegido y de sus electores, que resultarían limitados por la decisión de destitución e inhabilidad general".

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Incremento patrimonial injustificado de Walfrando Forero

Walfrando Adolfo Forero Bejarano fue sancionado en segunda instancia al ser hallado responsable disciplinariamente por un incremento patrimonial injustificado de 951 millones de pesos, cuando ostentaba un cargo local.

"El fallo fue proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, que estableció que el exfuncionario no justificó de forma satisfactoria ese aumento de su patrimonio, el cual fue determinado para él y su núcleo familiar entre 2016 y 2018, años que coincidieron con su periodo como mandatario local, cargo que desempeñó entre 2016 y 2019", dice el texto de la Procuraduría. 

"Para la Procuraduría, el entonces acalde desobedeció de forma consciente y voluntaria las normas superiores que le imponían el deber de dar cuenta de su patrimonio, las cuales conocía por haber ejercido como concejal y alcalde en tres periodos constitucionales anteriores a su mandato, y mantuvo unos ingresos y gastos entre 2016 y 2018 que no pudo explicar y soportar de manera fiable y razonable", agregó el ente de control. 

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