Este es el documento que deja en firme la extradición de ‘Papá Pitufo’ desde Portugal
Se conoció el documento expedido desde Portugal que avala la extradición de Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’.
Noticias RCN
07:59 a. m.
El Tribunal de Apelación de Oporto (Tribunal da Relação) autorizó la extradición de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, para Colombia.
Tiempo atrás, el Gobierno solicitó la extradición de Marín, quien fue la cabeza de una red de contrabando responsable de al menos el 80% de los productos que ingresaban ilegalmente al país.
¿Quién es 'Papá Pitufo'?
La captura de Marín se efectuó en España en abril de 2024. Posteriormente, quedó en poder de las autoridades portuguesas. Las autoridades lo ubicaron en Valencia.
“Es el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye a personas al interior del Estado, de la vida política, dedicadas a lo mayor del contrabando”, sostuvo el presidente Gustavo Petro en aquel entonces.
La Fiscalía indica que Marín fue el “articulador principal de una red delictiva dedicada a fomentar el ingreso de mercancía de contrabando por los puertos del país y al pago de dádivas para facilitar su actuar ilícito”.
Al parecer, la red de 'Papá Pitufo' logró ingresar ilícitamente licores, cigarrillos, textiles, zapatos y cacharrería en los principales puertos de Colombia, tales como en Buenaventura y Cartagena.
¿Cómo operó la red de 'Papá Pitufo'?
Para lograr su cometido, presuntamente sobornó con altas cantidades de dinero exoficiales y altos mandos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Inclusive, se cree que funcionarios del Ministerio de Defensa presuntamente le notificaron la orden de captura en su contra.
Tras su captura, el Gobierno pidió la extradición de Marín. El 'zar del contrabando' intentó postergar este procedimiento, luego de solicitar asilo en el país europeo.
El documento del tribunal indica que, junto con 'El Bendecido' y 'Pacho', Marín se reunió con militares en activo y exuniformados de la Policía para coordinar el ingreso del contrabando.
La empresa criminal ofrecía nóminas mensuales irregulares a funcionarios públicos y entregó sumas de dinero a funcionarios públicos que sumaban $900.000.000. También ofrecía vehículos de motos, equipos de telefonía para comunicaciones clandestinas o robadas, pago de gastos de alojamiento, así como beneficios injustificados.
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