Economías ilegales de criminales están detrás de masacres en Colombia

La criminalidad nunca ha estado confinada, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que en lo corrido de 2020 se han perpetrado 33 masacres en Colombia. 

Su barbarie ha adoptado como nuevo recurso de intimidación y letalidad, segar la vida de menores y jóvenes, causando repudio y rememorando los tiempos que se pensaban superados con la esperanza que trajo el incierto proceso de paz.

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Nariño, Cauca, Valle, Arauca, Antioquia y Norte de Santander, son algunos de los departamentos donde se registraron durante las últimas semanas masacres que han cobrado la vida de más de 30 colombianos. Lugares tan diversos donde converge una gran riqueza y por su ubicación geográfica se convierten en puntos estratégicos para la delincuencia organizada. 

Narcotráfico, explotación de minería ilegal y contrabando son las actividades ilícitas que se derivan del control territorial de estructuras criminales, disidencias de las Farc, Eln, Clan del Golfo y grupos residuales.

Para el experto en seguridad y defensa Román Ortiz, la expansión de este tipo de economías ilegales podría acentuarse en los próximos tiempos.

“Ahora la competencia es entre grupos más organizados que tienen más control del espacio, la pérdida progresiva del control sobre el territorio de la fuerza pública y eso tiene que ver de una manera muy significativa en la reducción del número de recursos”, señala el experto.

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Para estas organizaciones mafioso criminales el imperativo es eliminar todo obstáculo que impida la fluida operación de sus actividades ilícitas. Con estas matanzas envían un atemorizante mensaje de terror a toda una comunidad, imponiendo su férreo control bajo sus propias reglas avasallantes contra la población inerme.

Según Jorge Restrepo‚ profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), el mensaje es “básicamente decir, no se vayan a oponer a nuestros intereses o están con nosotros o están en contra nuestra, y les puede pasar a aquellos que no se plegaron a los intereses”.

Este fenómeno de violencia sistemática se ha enquistado en poblaciones que históricamente han padecido grandes desigualdades sociales, donde la ausencia del Estado ha sido la constante. Su letalidad se llevó por delante la vida de jóvenes estudiantes, cultivadores de sueños que fueron interrumpidos. 

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“Pero la responsabilidad de estos hechos violentos recae únicamente sobre los criminales que los causaron, quienes están generando terror para someter a la población a sus intereses criminales”, advierte Restrepo.

Colombia no puede volver al goteo permanente de masacres indescifrables, patrocinadas por la polarización mezquina de quienes buscan sindicaciones y señalan responsabilidades, tal vez ocultas en un proceso de paz que brindó generosas oportunidades y pocas exigencias para su cumplimiento.