Presidente del Congreso, Efraín Cepeda, alertó a la ONU y la OEA posible ruptura del orden constitucional en Colombia
La alerta surge a raíz de una serie de actuaciones del presidente Gustavo Petro, que vulneran el principio de separación de poderes y podrían constituir una alteración del orden constitucional vigente.
Noticias RCN
06:25 a. m.
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, en representación de Efraín Cepeda, presidente del Congreso, presentó una comunicación formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciando un riesgo crítico para la democracia colombiana.
Presentan denuncia por posible ruptura del orden constitucional en Colombia
La alerta surge a raíz de una serie de actuaciones del presidente Gustavo Petro, que según los denunciantes, vulneran el principio de separación de poderes y podrían constituir una alteración del orden constitucional vigente.
La preocupación principal radica en el anuncio del presidente Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, pese a que esta iniciativa fue rechazada formalmente por el Congreso el pasado 14 de mayo.
En caso de concretarse, esta acción sería contraria al procedimiento legal establecido en la Constitución del país, que exige una aprobación previa del Senado y revisión por parte de la Corte Constitucional.
En el documento, conocido por este medio, se detallan múltiples episodios que apuntan a un patrón preocupante de deslegitimación institucional.
Entre ellos se incluyen acusaciones públicas del presidente contra el senador Efraín Cepeda, actual presidente del Congreso, a quien ha señalado de sabotaje legislativo, corrupción e incluso de intentar un golpe de Estado.
Estas declaraciones, hechas a través de redes sociales y eventos oficiales, han sido calificadas como actos de intimidación y desprestigio.
“El 4 de diciembre de 2024, El presidente Gustavo Petro acusó públicamente al Senador Efraín Cepeda Sarabia, quien actualmente ejerce el cargo Presidente del Congreso de la República, de intentar un golpe de Estado, cometer delitos como tráfico de influencias (art. 411 del Código Penal), delitos contra el régimen constitucional y traición a la patria. Estas declaraciones se difundieron a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde afirmó: “Buscan el golpe porque no quiero ser presidente de los ricos”, vinculando al Senador, con sectores económicos y atribuyéndole motivaciones ilegítimas en el ejercicio de su función parlamentaria”, se lee en el documento.
Además, ocho partidos con representación parlamentaria emitieron una declaración conjunta rechazando la intención presidencial de avanzar unilateralmente con la consulta popular.
Presidente del Congreso presentó alerta temprana a organizaciones internacionales
Denunciaron esta medida como una violación a la arquitectura democrática y una posible forma de autoritarismo disfrazado de participación ciudadana.
Desde una perspectiva jurídica, los denunciantes argumentan que cualquier consulta popular debe seguir un procedimiento reglado: debe originarse en el Consejo de Ministros, ser aprobada por el Congreso y revisada constitucionalmente. Saltarse estos pasos, aseguraron, representaría una usurpación de funciones y una grave amenaza al equilibrio de poderes.
El documento también advierte sobre el uso de discursos que enfrentan al Congreso con la supuesta “voluntad del pueblo”, una narrativa que, según los firmantes, busca debilitar los contrapesos democráticos y concentrar el poder en la figura presidencial.
En la denuncia también se solicitó al alto comisionado que emita un pronunciamiento preventivo y que exhorte públicamente al respeto del orden institucional en Colombia.
También se instó a las autoridades nacionales a actuar con independencia y firmeza para evitar una crisis institucional mayor.
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