El Acuerdo de Escazú y los puntos más polémicos para la oposición

La ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia supone un avance en temas de derechos medioambientales, sin embargo, existen sectores que no están de acuerdo con su implementación en el país.

Este tratado, adoptado por Colombia en diciembre del 2019, tuvo varias dilaciones al interior del Congreso antes de su final aprobación el pasado 10 de octubre. Con algunos congresistas del Centro Democrático a la cabeza, el acuerdo tuvo que luchar contra una férrea oposición cuyo argumento principal fue la “pérdida de soberanía” y la promoción de una “inseguridad jurídica” para proyectos de minería.

Asimismo, estos sectores políticos se mostraron preocupados durante meses alegando que la ratificación de Escazú podría impulsar una eventual intervención de jurisdicciones internacionales en temas ambientales al interior del país. No obstante, según una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación, el acuerdo “no otorga facultades especiales a cortes, órganos u organismos para intervenir en decisiones en materia ambiental de los países que lo ratifiquen”.

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Otro de los puntos de la oposición frente al tratado se basa en una posible amenaza para la seguridad jurídica de los inversionistas, que podrían ver comprometida la competitividad de sus negocios y, en consecuencia, de la economía del país.

María Fernanda Cabal, una de las fuertes detractoras del proyecto, expresó durante una de las plenarias que el Acuerdo de Escazú “pone en riesgo la soberanía de Colombia”, pues al “fusionar los derechos humanos con los derechos ambientales” la Corte IDH entra a actuar en los litigios internos.

“Todo lo que dice Escazú está contenido en el derecho interno”, manifestó Cabal en su momento, añadiendo que en la Constitución ya están contenidas las normativas para garantizar el derecho a la información y la participación de las comunidades en temas medioambientales. La senadora también señaló que con el acuerdo existe el riesgo de que pequeños productores y campesinos sean denunciados por daños ambientales.

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¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, está concebido como una herramienta para garantizar la protección del medio ambiente en países de América Latina y el Caribe.

Los tres pilares fundamentales de su formulación son la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos medioambientales, este último considerado como un punto crucial para Colombia que cuenta con una de las cifras más alarmantes a nivel mundial en términos de asesinatos a líderes ambientalistas.

Hasta ahora, Escazú ha sido firmado y ratificado por 14 países, entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y el más reciente, Colombia.

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