Los dos 'micos' que generan polémica en el proyecto de ley de orden público

En las próximas horas será votado en plenaria el proyecto de ley de orden público, que busca el marco jurídico para negociación con el ELN e iniciar acercamientos con las organizaciones criminales.

En la nueva ponencia hay dos artículos que llaman la atención y es que las personas condenadas podrían ser gestores de paz y el presidente podría otorgar indultos a condenados en protestas sociales.

Ya está radicada la ponencia de orden público que pasará a votación en plenaria en las próximas horas. En este andamiaje de la política de paz que busca el presidente Gustavo Petro hay dos puntos que desde ya generan rechazo en varios sectores políticos.

Los dos artículos de la discordia sobre la nueva ley de orden público

Primero, pone sobre la mesa que las personas detenidas y condenadas durante las protestas pasarían a ser promotoras de convivencia. Contempla la posibilidad hasta protesta social.

Además, le daría la facultad al presidente para que en el marco de la política de 'paz total' pueda otorgar indultos aquellas personas que hayan sido condenadas por las protestas sociales

En el artículo 2, también le da facultades al jefe de Estado en temas de sometimiento, por ejemplo, mediante vía decreto podría otorgar un marco general para sometimiento a la justicia.

La intención del gobierno nacional es que esta ley de 'paz total' esté aprobada en su totalidad antes de que se inicien los diálogos con la guerrilla del ELN.

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En contexto: aprobación de ley de orden público

El pasado 10 de octubre se conoció que las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley de orden público.

La iniciativa fija el marco legal para implementar la llamada 'paz total' de Gustavo Petro y las reglas para negociaciones con grupos criminales. 

Adicionalmente, contempla que las Organizaciones no gubernamentales puedan tener contacto con la población afectada y abre la puerta para entablar diálogos con las disidencias de las Farc, pero en este caso, será el Gobierno el que conduzca cómo sería esta ruta. 

Es de mencionar que el caso de Iván Márquez entraría en un tratamiento diferencial, puesto que sería entre negociaciones de paz y sometimiento. 

También se mantendrá la suspensión de órdenes de captura a miembros de grupos armados que funjan como negociadores. Esta medida estará vigente hasta que se resuelva la situación jurídica y, por el momento, estarán en zonas de privación de libertad y quedarán en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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