Enfrentamientos entre grupos armados provocan desplazamientos y confinamientos en el Chocó
Una alerta de la Defensoría del Pueblo indica que el desplazamiento y confinamiento se ha generado por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
Noticias RCN
05:09 p. m.
Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la subregión del San Juan, en Chocó, están generando una nueva emergencia para comunidades afrocolombianas e indígenas, que además enfrentan las dificultades derivadas del sismo registrado el pasado 10 de agosto.
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La alerta fue emitida este 25 de agosto por la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre los hechos violentos registrados entre los municipios de Sipí y Nóvita y el riesgo que representan para la población civil. Según la entidad, en la zona hay presencia y disputa territorial entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el ELN.
Comunidades tuvieron que abandonar sus territorios
La situación se ha agravado desde el 10 de agosto, cuando presuntos integrantes del EGC permanecieron durante varios días en la comunidad de San Agustín, en Sipí, restringiendo las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de los habitantes, así como algunas de sus prácticas tradicionales.
Posteriormente, durante una visita realizada por la Defensoría el 19 de agosto, la entidad conoció el riesgo de desplazamiento y confinamiento generado por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
De acuerdo con el reporte, seis comunidades étnicas de Sipí y Nóvita, integradas por aproximadamente 405 familias y 1.366 personas, fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina.
Ataque con dron dejó tres personas heridas
La situación tuvo un nuevo episodio de violencia el pasado 23 de agosto, cuando se registró un ataque con un artefacto aéreo cargado con explosivos improvisados.
El ataque dejó tres civiles heridos: dos hombres y una mujer, según la información recopilada por la Defensoría del Pueblo.
Después de este hecho, 90 familias, alrededor de 118 personas, se desplazaron hacia las poblaciones de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. Estas comunidades también se encuentran afectadas por restricciones para movilizarse y por la presencia de grupos armados.
La Defensoría estima que la situación de violencia afecta actualmente a 384 familias y 1.339 personas, quienes además enfrentan el temor de que sus territorios puedan quedar contaminados con artefactos explosivos debido al uso reciente de drones en los ataques.
Ante este panorama, se hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y protejan a la población civil, evitando acciones que pongan en peligro la vida, la integridad, la movilidad y los bienes de las comunidades.
También pidió a las autoridades municipales, departamentales y nacionales garantizar condiciones seguras para las personas que están abandonando las zonas afectadas, activar las rutas de atención humanitaria y mantener vigilancia frente a nuevos desplazamientos o confinamientos.
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