EPM anunció demandas contra constructores por caso Hidroituango

Empresas Públicas de Medellín (EPM), el conglomerado al frente de la construcción de la mayor hidroeléctrica de Colombia, anunció este miércoles demandas por cerca de 4.400 millones de dólares por indemnizaciones ante el retraso y sobrecosto de las obras en curso.

En un comunicado, EPM indicó haber interpuesto una acción legal el martes ante un tribunal de arbitraje regional contra la compañía Mapfre por unos 1.600 millones de dólares, por la "indemnización de las pérdidas en el marco del contrato de seguros" del proyecto Hidroituango.

La demanda se sumó a otra de más de 2.800 millones de dólares anunciada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra los contratistas de la megaobra.

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Quintero preside la junta directiva de EPM, empresa pública que tiene el 46,33 % de la participación accionaria de Hidroituango.

"No se logró llegar a una cifra que nos permitiera dar por terminado satisfactoriamente el proceso de conciliación prejudicial", indicó EPM tras meses de negociaciones con todas las partes implicadas. 

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Los demandados son los consorcios Generación Ituango, CCC Ituango, Ingetec - Sedic, Seguros generales Suramericana, Chubb Seguros Colombia y Seguros Mapfre.

La obra entró en crisis en abril de 2018, cuando Hidroituango estuvo al borde del colapso por el desbordamiento del río Cauca, que obligó a evacuar a 25.000 personas. 

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Expertos han dicho que la urgencia pudo deberse a errores de ingeniería, a cambios sobre la planeación del proyecto e incluso a una política de menores costos en el diseño de la obra que debe cubrir una quinta parte de la demanda energética del país.

Con un presupuesto inicial de unos 1.700 millones de dólares, la construcción pasó a insumir el equivalente a 3.700 millones y se espera que recién comience a generar energía en 2022, cuatro años después de lo previsto.

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En diciembre, la Contraloría General de la República imputó a 28 exfuncionarios y excontratistas de la obra por su presunta responsabilidad fiscal en el retraso y sobrecosto del proyecto.

La construcción estuvo a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55 %) y las colombianas Conconcreto (35 %) y Coninsa-Ramón H (10 %).

La fiscalía investiga por su parte la adjudicación de las obras y posibles daños ambientales.