¿Está el gobierno financiando con dinero público su campaña por la consulta popular?
El Gobierno desató polémica al insistir en la reforma laboral con decretos mientras promueve una consulta popular con recursos públicos.
Noticias RCN
10:18 a. m.
El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido avanzar en la implementación de su reforma laboral a través de decretos tras el hundimiento del proyecto en el Congreso.
Sin embargo, de manera simultánea, sigue impulsando la idea de una consulta popular para buscar la validación ciudadana de sus propuestas.
Este doble movimiento ha desatado cuestionamientos sobre si se trata realmente de una estrategia para mejorar las condiciones laborales en el país o si es, en el fondo, una jugada electoral de cara a los comicios de 2026.
Estrategia política: decretos, consulta y confrontación
El analista Javier Garay, invitado a La Mesa Ancha de Noticias RCN, señaló que el Gobierno está jugando en distintos frentes para mantener su agenda política y, al mismo tiempo, fortalecer su base de apoyo con miras a las elecciones de 2026.
Ellos comienzan una campaña política, de cara a las elecciones del próximo año, tanto de Congreso como de presidente. Están buscando todos los escenarios posibles para cumplir sus promesas de campaña, pero al mismo tiempo para posicionarse políticamente.
Para Garay, el uso simultáneo de decretos y consulta popular muestra que el Gobierno no está interesado en negociar una nueva reforma en el Congreso, sino en utilizar el tema como bandera política.
Lo que realmente le interesa al Gobierno no es insistir en la reforma laboral en el Congreso, sino mantener una narrativa de confrontación, donde pueda señalar enemigos y movilizar a sus bases con el discurso de que ellos representan al pueblo y sus opositores a las élites.
Gustavo Petro y la política de la confrontación
La forma en que el presidente Petro ha manejado el debate ha generado más tensión. En un episodio reciente, el mandatario llamó “bestia” al senador Alirio Barrera, uno de los congresistas que votó en contra de la reforma laboral, lo que desató un fuerte rechazo.
El analista Julio Iglesias advirtió que el tono del debate se está volviendo cada vez más agresivo y que esto podría generar un ambiente de polarización extrema en los próximos meses.
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Vimos al presidente insultando a un senador en público. Si ese va a ser el tono de la campaña por la consulta popular, estamos entrando en un terreno muy peligroso. La política se está volviendo un espacio de ataque constante, donde se busca desacreditar al adversario en lugar de debatir ideas.
Para Iglesias, el verdadero problema es que el Gobierno está utilizando los recursos del Estado para alimentar este clima de confrontación y promover su estrategia política:
Vamos a ver un uso descarado y masivo de recursos públicos para hacer la campaña del Pacto Histórico. No hay ningún recato. El ministro de Trabajo dijo que su cartera no financió la marcha reciente, pero ¿quién pagó las tarimas? ¿Quién financió la transmisión en medios estatales? Todo esto se está haciendo con dinero del Estado, y será la estrategia durante los próximos meses.
Consulta popular: ¿realmente viable?
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la consulta popular promovida por el Gobierno es el alto umbral de participación que exige la ley.
Para que tenga validez, al menos 13 millones de colombianos tendrían que acudir a las urnas, una cifra que analistas consideran difícil de alcanzar.
En La Mesa Ancha se planteó si no sería más viable insistir en una reforma laboral dentro del Congreso, en lugar de gastar tiempo y dinero en una consulta con pocas probabilidades de éxito.
Una consulta popular gasta tiempo, gasta plata y necesita un umbral muy alto. Si el objetivo es lograr cambios en la legislación laboral, ¿no sería más efectivo insistir en un nuevo proyecto en el Congreso?
Garay respondió que la consulta no es realmente una estrategia para aprobar reformas, sino para sostener el discurso político del Gobierno:
El escenario que le interesa al Gobierno es el de la polarización. La consulta le permite construir una narrativa de ‘nosotros contra ellos’, donde se presentan como los defensores del pueblo y señalan a empresarios, congresistas y medios como los enemigos del cambio. Es una estrategia de movilización política, no de gobernabilidad.
Las reformas laborales que el Gobierno ignora
Más allá del debate político, algunos analistas han señalado que existen propuestas concretas que podrían mejorar las condiciones laborales sin necesidad de recurrir a estrategias polarizantes.
Juana Afanador mencionó un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que plantea tres medidas clave para mejorar el mercado laboral en Colombia:
- Salario mínimo diferencial, ajustado según el tamaño de la empresa y el costo de vida en cada región.
- Acceso a la seguridad social para trabajadores informales, promoviendo su formalización a través de mecanismos existentes.
- Un subsidio de desempleo financiado por el propio trabajador cuando tiene empleo, para garantizar apoyo en momentos de crisis.
Estas son soluciones concretas que podrían beneficiar a miles de trabajadores en Colombia, y es ahí donde debería centrarse la discusión, en lugar de quedarse en la confrontación política.
Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha mostrado interés en este tipo de propuestas y sigue adelante con su estrategia de decretos y consulta popular.
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