Esta es la jueza que le otorgó la libertad al expresidente Álvaro Uribe

La decisión de darle la libertad este sábado 10 de octubre al exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en manos de la juez 30 penal municipal con función de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, una bogotana que determinó el futuro jurídico del también líder del partido Centro Democrático.

Cuando Álvaro Uribe, en el 2010, abandonaba la Casa de Nariño luego de su segundo gobierno, Clara Ximena Salcedo duarte se graduaba de Derecho en la Universidad Nacional. 

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Esta abogada comenzó su carrera en el Meta y su nombre se dio a conocer en el Tribunal Superior de Bogotá como magistrada auxiliar, luego en la Corte Suprema de Justicia y finalmente en los juzgados de Paloquemao. 

Aunque Salcedo quería ser jueza de conocimiento, su sobresaliente desempeño en un concurso público en el 2018 la convirtieron en la jueza 30 de garantías de Bogotá, y en una de las personalidades jurídicas más notorias del país en la actualidad.

Su vida profesional dio un giro cuando el entonces senador Álvaro Uribe renunció al Congreso de la República y la investigación en su contra por presunto fraude procesal y soborno a testigos se volvió competencia de la Fiscalía General de la Nación. El azar la eligió para que fuera ella quien llevara el proceso más complejo que ha tenido el ente acusador en su historia.

Desde entonces y por seguridad, ha permanecido aislada. En las audiencias, al lado de expertos juristas que acompañan el caso del expresidente, ha mostrado serenidad y un carácter de acero, lo que ha hecho que la opinión pública se haya volcado en elogios a favor de la jueza. 

Sin duda, la decisión de darle la libertad al expresidente Uribe, será una de las más polémicas de los últimos tiempos en Colombia y marcará su vida profesional y el destino del tan sonado caso judicial.

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La jueza Salcedo fue quien decidió otorgar este sábado la libertad a Álvaro Uribe y revocar así la medida de atención domiciliaria, en el proceso en su contra por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

En una extensa exposición de los argumentos, ha señalado que no se equipara la audiencia de indagatoria con la Corte Suprema de Justicia a la audiencia de imputación, con lo cual recalca que el expresidente, al estar privado de la libertad, sería gravemente afectado su derecho fundamental.