Estado deberá reparar a damnificados en avalancha que cobró la vida de 700 personas en Mocoa en 2017

La tragedia que ocurrió en 2017 y que dejó a cientos de familias damnificadas por las lluvias serán reparadas ya que la tragedia se habría podido prevenir.


Noticias RCN

julio 02 de 2025
09:02 p. m.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado colombiano como el responsable de la emergencia ocurrida hace ocho años en Mocoa con la avalancha que se produjo y que dejó a 700 personas sin vida.

El documento que tiene más de 700 páginas aseguró que desde la Presidencia de la República hasta la Alcaldía tenían conocimiento previo de los riesgos que corría la zona por las cuencas hídricas con el aumento de lluvias en la región.

Despiden a cinco integrantes de una familia que fallecieron en los deslizamientos en Bello, Antioquia
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Familias siguen esperando ayudas del Gobierno

Después de ocho años de haberse presentado la avalancha en Mocoa, todavía hay familias que están a la espera de la reubicación de sus familias a nuevas viviendas por parte de Gobierno Nacional.

Ramón Enrique Apraez, coordinador de la Veeduría por la Reconstrucción indicó que con la asignación de viviendas por parte de las entidades competentes el dolor y la afectación a las familias damnificadas hubiera disminuido, ya que se hubiera podido consolidar nuevos espacios de hogar, pero que esto nunca sucedió.

Bajo estas condiciones están viviendo los sobrevivientes a la avalancha en Bello
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El Estado tendría que pagar más de 89 mil millones de pesos

Con el fallo del tribunal, la Nación tendría que asumir el pago de más de 89 mil millones de pesos a las familias que resultaron afectadas en 2017, debido a que se pudieron haber implementado estrategias de prevención por parte del Gobierno Nacional y local para que el impacto en la vida de las personas hubiera sido mucho menor.

Sumado a esto, el Estado también deberá hacer una publicación de excusas por la responsabilidad en lo sucedido y se presentará un nuevo trámite de víctimas ante la Defensoría del Pueblo para que estas personas se puedan acreditar en un plazo de 20 días.

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