Fiscalía acusó a exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco por presuntas irregularidades en PAE

La Fiscalía General de la Nación acusó al exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por las presuntas irregularidades que habría cometido en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Monsalve es acusado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El órgano judicial informó que tiene material probatorio para confirmar que el exgobernador habría favorecido un consorcio para que se beneficiara del contrato.

¿Qué dice la investigación contra Monsalvo Gnecco?

"Los elementos de prueba dan cuenta de que, mientras ejerció como mandatario departamental en el periodo 2012 – 2015, habría orientado un proceso contractual para beneficiar a un consorcio específico y omitido el deber de supervisar todas las fases de contratación como lo exige la ley. En su lugar delegó a otro funcionario", informó la Fiscalía.

El contrato del PAE debía garantizar la alimentación escolar de menores en instituciones educativas rurales y urbanas. La Fiscalía informó que en en la ejecución del contrato se evidenció falta de planeación.

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"La investigación puso en evidencia, por lo menos, seis irregularidades sustanciales, algunas relacionadas con falta de planeación y deficiencias en los estudios previos", informó la Fiscalía.

Será la Sala Especial en primera instancia de la Corte Suprema de Justicia la que defina la fecha en la que se realizará el juicio contra Monsalvo.

En el año 2020 la Corte Suprema de Justicia condenó a Monsalvo por el delito de corrupción al sufragante en hechos ocurridos en octubre de 2011.En ese momento, al exgobernador le fue impuesta una multa de 301.58 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.

En medio de ese proceso se conoció que el exgobernador habría prometido no desalojar a 800 personas que se encontraban invadiendo un predio en Valledupar, a cambio de recibir votos.

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Según la investigación, Monsalvo firmó pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, en Valledupar, con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos.

“Es evidente la gravedad del daño causado al bien jurídico con la conducta punible, los mecanismos de participación democrática, pues al condicionar el voto no solo privó de la libertad a los electores sino que obtuvo ventaja ilícita sobre sus contrincantes en la aspiración a la Gobernación del Departamento del Cesar”, informó la Corte en la sentencia de ese momento.