Fiscalía acusó al alcalde de Villa de Leyva por presuntamente exigir dineros para aprobar una licencia
Junto al alcalde fue imputado otro hombre que habría recibido contratos por $48 millones a través de la intermediación del burgomaestre.
Noticias RCN
07:51 a. m.
En las últimas horas, la Fiscalía formalizó el proceso de acusación contra el alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntamente solicitar dinero a cambio de facilitar trámites urbanísticos.
El caso revelaría un esquema de presunta corrupción en la aprobación de licencias de construcción en uno de los municipios turísticos más emblemáticos de Colombia.
La Fiscalía acusó formalmente al alcalde por los delitos de concusión y prevaricato por acción, mientras que la otra persona enfrenta cargos por el delito de concusión.
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¿Qué fue lo que hizo el alcalde de Villa de Leyva?
De acuerdo con la investigación, el 8 de junio de 2025, el alcalde Gamboa habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Juan Camilo Sánchez Torres para que prestara asesoría en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos.
Sánchez Torres, quien también fue acusado formalmente, habría recibido pagos cercanos a $48 millones durante los 11 meses que prestó sus servicios, tras la intermediación del alcalde.
El caso se agravó cuando, el 4 de marzo de 2026, el alcalde habría solicitado a través de un mensaje de voz $112 millones, equivalentes al 20% del valor fijado para la ampliación de la licencia de construcción.
Aunque posteriormente retiró esa exigencia, dos días después expidió una resolución que, pese a un posible conflicto de intereses, habría constituido una retaliación y una forma de presión ante la negativa inicial de la empresaria de acceder a sus pretensiones económicas.
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Rechazaron el proyecto de la polémica del alcalde de Villa de Leyva
Posteriormente, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción.
Además, el inspector segundo de convivencia y paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a $232 millones.
Las autoridades continúan el proceso penal contra ambos implicados, quienes deberán enfrentar las acusaciones presentadas formalmente por la Fiscalía.
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