Judicializada mujer que mantuvo en cautiverio a un perezoso y le causó la muerte

Los Fiscales del Grupo Especial para La Lucha Contra el Maltrato Animal (GELMA) presentaron ante jueces de control de garantías a una mujer y un hombre que, en hechos distintos, habrían causado la muerte de dos animales.

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El primer caso es la responsabilidad de la muerte de un perezoso en Pereira (Risaralda), donde la mujer Dayana Alejandra Pulgarín fue imputada por “los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y maltrato infantil”.

Los hechos de materia de investigación ocurrieron el pasado 24 de enero.

Luego de mantener en cautiverio al perezoso y convertirlo en su animal de compañía, la mujer lo llevó a una veterinaria y allí constataron que estaba en pésimas condiciones de salud y le habrían limado los dientes. Un día después de recibir la atención murió.

En el segundo caso de maltrato animal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2022, en Yumbo (Valle del Cauca).

Johan Estiven Muñoz le causó la muerte a una canina en un acto de intolerancia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hombre discutía con sus hermanos en la vivienda y los habría amenazado. Posteriormente, salió del inmueble, tomó un pedazo de concreto y se lo tiro en la cabeza a la canina.

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Fiscal General y embajador de EE. UU. firman acuerdo para fortalecer investigaciones por lavado de activos

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, suscribieron un memorando de entendimiento para avanzar en un plan de fortalecimiento de la investigación y judicialización de las conductas de lavado de activos y delitos conexos.

“La relación entre la Fiscalía General de la Nación con la Embajada de Estados Unidos, y con el Gobierno Americano, es una relación muy importante. Son nuestros socios estratégicos, trabajamos de la mano como uno de los puntales de principios comunes, que compartimos en este continente”, enfatizó el Fiscal General.

Este instrumento afianza los lazos de cooperación entre la entidad y el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés); y permitirá disponer de distintas herramientas para impactar a la criminalidad organizada transnacional y a los grupos narcotraficantes que delinquen desde Colombia.

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