Fiscalía ordenó auditoría forense a softwares del proceso electoral

El fiscal tercero delegado ordenó, ante el Tribunal Superior de Cali, una auditoría forense a los software del proceso electoral en respuesta a una solicitud presentada por presuntos delitos en los mecanismos de participación democrática en la jornada electoral de este 2022.

En el documento presentado por la Fiscalía, se exponen los requerimientos presentados desde los pasados comicios legislativos y de consultas ante el registrador nacional, Alexander Vega, para que explique los motivos por los que “se ha sustraído de su deber legal de acatar fallos”.

Asimismo, se le pide explicar porque se compró solo un software parcial y no total para el proceso electoral, tal y como había sido ordenado en un fallo del Consejo de Estado emitido en 2018.

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Otro de los puntos a aclarar es referente a una denuncia impuesta por Gustavo Petro, sobre la acreditación de 12.000 testigos electorales y las 500 mesas en donde se le habrían quitado cerca de 100 votos al Pacto Histórico.

Por otra parte, se le solicitó al Consejo Nacional Electoral exponer las medidas que se han tomado para vigilar el cumplimiento de los cuatro requerimientos enviados al registrador Vega, así como especificar las acciones tomadas para la oportuna acreditación de los testigos, especialmente, para las elecciones del próximo 19 de junio.

Se ordenaron igualmente las auditorías forenses a los softwares de selección de testigos y jurados, así como los de preconteo, escrutinio y obtención del consolidado de los resultados de las pasadas elecciones a Congreso y la de segunda vuelta de este 19 de junio.

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Derecho de petición enviado por el CNE

Esta decisión de la Fiscalía fue tomada en respuesta a un derecho de petición presentado por el magistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, en el que solicitaba activar las competencias necesarias para salvaguardar las garantías electorales para la segunda vuelta presidencial.

En dicha solicitud, el magistrado expuso un par de preocupaciones relacionadas con los escenarios de violencia política durante las jornadas, los discursos de violencia racial y contra las mujeres, los llamados a desconocer los resultados por fraude y la negativa percepción ciudadana sobre los resultados de las elecciones legislativas.

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En consecuencia, el magistrado Pérez solicitó la auditoría de los softwares y aplicar la facultad oficiosa para investigar los crímenes electorales como constreñimiento, corrupción al sufragante y tráfico de votos.