General (r) Mauricio Santoyo irá a juicio por caso de desapariciones forzadas
El exjefe de seguridad el expresidente Álvaro Uribe se enfrenta a un juicio por la desaparición de dos defensores de derechos humanos en Medellín.
Noticias RCN
09:36 p. m.
Después de 24 años, el general en retiro de la Policía, Mauricio Santoyo, se enfrentará a un juicio por el caso de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, dos activistas de derechos humanos que desaparecieron en la ciudad de Medellín el 6 de octubre del 2000.
Lo que reporta la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), es que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Santoyo por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.
Esta situación se presenta en el momento en el que el general en retiro tenía en proceso una solicitud ante la JEP en búsqueda de recibir la libertad transitoria, algo que ya le habían negado hace cinco meses, tras considerar que su aporte a la verdad fue nulo.
Se investigan otras desapariciones relacionadas con Mauricio Santoyo
El general (r) se enfrenta a este caso de los activistas desaparecidos en Medellín por su presunta participación mientras estaba al mando del Gaula de la Policía, pues la Fiscalía señala que habría colaborado con paramilitares para perpetrar crímenes contra civiles.
Ante esto, no es el único caso al que se le relaciona, pues habría "otras desapariciones forzadas y homicidios sistemáticos ejecutados por paramilitares y miembros del Gaula Medellín, al mando o bajo influencia de Santoyo a finales de los '90 y principios de los 2000", informa la CCJ.
Miembros de las AUC admitieron la participación de Santoyo
La CCJ también señala que exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia han manifestado que Mauricio Santoyo habría participado en desapariciones que fueron sistemáticas e hicieron parte de un patrón de violencia estatal.
El reporte señala que "la Fiscalía concluyó que estos hechos deben ser investigados como crímenes de sistema, o de contexto, dado el grado de organización y el apoyo estatal que recibieron los perpetradores".
Por estas razones, este sería un caso crucial para determinar los nexos que existieron entre el Estado y los grupos armados ilegales en Colombia.