Gobernación del Cauca exige liberación de 9 contratistas secuestrados en López de Micay
Funcionarios cumplían una misión humanitaria cuando fueron retenidos por un grupo armado ilegal.
Noticias RCN
10:47 p. m.
La Gobernación del Cauca emitió un comunicado en el que rechaza de forma categórica el secuestro de siete mujeres y dos hombres que trabajaban como contratistas de la entidad en el municipio de López de Micay.
Según la administración departamental, el equipo se encontraba cumpliendo una misión humanitaria y social, articulada con las Juntas de Acción Comunal, con el objetivo de acercar la oferta institucional a las comunidades más apartadas del territorio.
Llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario
“Este equipo de trabajo promovía el diálogo territorial, la participación ciudadana y facilitaba el acceso a programas sociales del Estado, en un ejercicio legítimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar”, precisó el comunicado, desmintiendo así las versiones de los grupos armados que afirmaron lo contrario.
La Gobernación del Cauca hizo un llamado urgente al respeto del Derecho Internacional Humanitario y solicitó el acompañamiento inmediato de organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la comunidad internacional.
Asimismo, pidió respaldo al Gobierno Nacional y a la sociedad colombiana para proteger la vida y la integridad de los funcionarios y contratistas retenidos, reiterando que “la institucionalidad debe ser respetada y protegida como garante de derechos y canal para la construcción de paz en el territorio”.
Sin embargo, a través de un comunicado público, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC-EP aseguró que la retención es legítima y acusó a los nueve contratistas de “desarrollar tareas militares” en nombre de la Gobernación. Según su versión, los funcionarios estaban entregando e instalando equipos militares para inhibir señales y derribar drones, en ejecución de un contrato por más de 4.100 millones de pesos, financiado con recursos departamentales y nacionales.
El grupo armado también señaló al gobernador Octavio Guzmán de supuestamente utilizar fondos públicos para fines militares, y aseguró que los retenidos serán “tratados de la mejor manera y en las mejores condiciones” mientras permanezcan en su poder.
“La institucionalidad no es enemiga, es una herramienta al servicio de la gente”, concluyó el comunicado de la Gobernación, que reiteró su llamado: “Libérenlos ya.”
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