Gobierno advierte crisis pensional tras suspensión del decreto sobre traslado de ahorros a Colpensiones
MinHacienda y MinTrabajo aseguraron que la decisión del Consejo de Estado pone en riesgo el pago de obligaciones pensionales de afiliados trasladados a Colpensiones.
Noticias RCN
05:15 p. m.
El Gobierno Nacional manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, norma que reglamentaba el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones.
En un comunicado conjunto, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo advirtieron que la medida tendría graves efectos sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano y podría impedir el pago de obligaciones pensionales a afiliados que decidieron trasladarse al régimen público.
El centro de la controversia
Según explicó el Gobierno, el decreto suspendido permitía trasladar a Colpensiones los recursos de ciudadanos que, acogidos a la oportunidad excepcional contemplada en la Ley 2381 de 2024, optaron por cambiarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió la totalidad del decreto al considerar que se fundamentaba en una reforma pensional —la Ley 2381 de 2024— que actualmente no está vigente, debido a una suspensión previa de la Corte Constitucional.
El Ejecutivo señaló que, mientras la reforma siga suspendida, el marco normativo vigente continúa siendo el establecido en la Ley 100 de 1993, que prohíbe la permanencia simultánea en dos regímenes pensionales.
“No es sostenible pagar sin los recursos”
En el pronunciamiento, el Gobierno aseguró que la decisión judicial genera un bloqueo operativo y financiero, pues obliga a Colpensiones a responder por obligaciones pensionales sin permitir el traslado de los recursos necesarios para financiarlas.
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“No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, señalaron los ministerios.
El Gobierno también insistió en que los recursos objeto de controversia continúan teniendo destinación exclusiva para la seguridad social y el pago de pensiones. Además, advirtió que la suspensión total del decreto podría generar un riesgo mayor para los afiliados al afectar la sostenibilidad financiera del sistema.
El comunicado fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez.
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