Nombran al hijo de un exparamilitar como coordinador de la investigación a Petro
La polémica estalló porque su padre fue designado por el propio mandatario como gestor de paz hace apenas dos semanas.
Noticias RCN
10:37 p. m.
Una nueva controversia sacude al Congreso de la República y al Gobierno Nacional. En el centro del debate están dos decisiones que, aunque en apariencia no guardaban relación, se cruzan de manera directa por un mismo apellido: Tovar.
Por un lado, el presidente Gustavo Petro designó hace dos semanas a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz, entre ellos a Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40.
Y por otro, esta semana se conoció que su hijo, Jorge Tovar, actual representante a la Cámara, fue designado como coordinador de la investigación que cursa contra el propio presidente en la Comisión de Acusación.
Este será el hombre que investigará al presidente
La noticia, revelada en El Termómetro Político de Noticias RCN, generó revuelo en el ámbito político, pues según la resolución conocida por ese medio, el congresista Jorge Tovar fue designado oficialmente como coordinador de la investigación que adelanta la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro.
El hecho ha sido calificado por distintos sectores como un caso evidente de conflicto de intereses, dado que el parlamentario es hijo directo de uno de los excomandantes paramilitares recientemente beneficiados con el nombramiento presidencial como gestor de paz.
El padre del investigador fue recientemente nombrado como gestor de paz
La controversia radica en que el presidente investigado fue precisamente quien nombró al padre del investigador en una función dentro de su política de paz total.
Rodrigo Tovar Pupo, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue incluido en la lista de 16 excomandantes, junto a figuras como Salvatore Mancuso, Macaco, Don Berna y Hernán Giraldo, para participar en tareas de esclarecimiento y reconstrucción de memoria.
De inmediato, las críticas no se hicieron esperar. En distintos sectores jurídicos y políticos, se cuestiona la decisión por lo que consideran una evidente falta de imparcialidad y una colisión ética.
Por ahora, aunque el Congreso no ha emitido un pronunciamiento oficial, la situación abre serias dudas sobre la independencia de la Comisión de Acusación y sobre los límites de la política de paz total impulsada por el Gobierno.
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