Descubren millonario contrato de juguetes que nunca llegaron a los niños pobres
Solo se entregaron 36.000 juguetes de los 130.000 pactados.
Noticias RCN
02:51 p. m.
Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, quien fue gobernador del departamento de Santander, enfrenta una nueva causa judicial en su contra.
La Fiscalía le imputó cargos por presuntas irregularidades cometidas durante su administración en el marco de un contrato suscrito en 2007 para la adquisición de juguetes destinados a niños y niñas de escasos recursos.
El convenio, según el ente acusador, presentó serias fallas desde su planeación hasta su ejecución, y terminó favoreciendo a un contratista que habría recibido más de 400 millones de pesos sin cumplir lo acordado.
Imputan a exgobernador de Santander por millonario contrato de juguetes
En una diligencia judicial que tuvo lugar ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía formuló imputación contra el exgobernador Hugo Aguilar por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Los señalamientos fueron presentados por la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien expuso que el exmandatario no ejerció su deber constitucional de control, vigilancia y seguimiento sobre el proceso de contratación, y delegó completamente la responsabilidad en la Secretaría de Desarrollo Social del departamento.
Los hechos que originaron la investigación están relacionados con el contrato número 1724, firmado el 13 de agosto de 2007. El objeto del acuerdo era garantizar la compra de 130.000 juguetes para ser distribuidos entre menores en condición de pobreza durante la temporada navideña. El valor del contrato fue de 650 millones de pesos.
¿Cuáles fueron las anomalías que encontraron en el contrato?
La Fiscalía identificó múltiples anomalías desde la etapa precontractual. Uno de los principales hallazgos fue la ausencia de un censo poblacional que permitiera establecer cuántos niños y niñas estaban en situación de pobreza y en qué zonas del departamento vivían.
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Tampoco se justificó de forma clara la necesidad del proyecto, ni se adelantó un proceso de licitación pública para seleccionar al contratista, lo que representó una vulneración directa a los principios que rigen la contratación estatal.
A pesar de la magnitud del contrato y de los recursos comprometidos, la administración departamental entregó el convenio a una fundación que no contaba con la idoneidad técnica ni la capacidad operativa para cumplir con las obligaciones pactadas.
Esta entidad debía adquirir y entregar 130.000 juguetes, pero solo fueron entregados 36.000, es decir, menos del 30 % de lo estipulado.
Otro punto que llamó la atención del ente investigador fue una modificación en el contrato que elevó el valor unitario de cada juguete de $5.000 a $6.500, sin que existiera una justificación clara ni estudios que respaldaran el incremento.
A pesar de estos cambios presupuestales y del evidente incumplimiento por parte de la fundación contratada, la Gobernación de Santander realizó el pago completo del contrato, lo que permitió que el contratista se apropiara de 416 millones de pesos sin haber cumplido con lo acordado.
Finalmente, la Fiscalía concluyó que el exgobernador Aguilar habría incurrido en omisiones que facilitaron la apropiación indebida de recursos públicos por parte de terceros. No obstante, durante la audiencia, el exmandatario no aceptó los cargos formulados en su contra.
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