JEP cierra investigación del Caso 01 enfocado en los secuestros de las Farc
El tribunal presentó al país una radiografía judicial completa sobre este crimen: quiénes lo ordenaron, cómo se ejecutó en los territorios y cuáles fueron sus impactos sobre las víctimas y las comunidades.
Noticias RCN
11:30 a. m.
La Jurisdicción Especial para la Paz anunció el cierre de la fase de investigación del Caso 01, centrado en los miles de secuestros cometidos por las extintas Farc-EP durante el conflicto armado.
JEP finaliza investigación por secuestros de las extintas Farc-EP
Con esta decisión, el tribunal transicional presentó al país la radiografía judicial más completa construida hasta ahora sobre este crimen: quiénes lo ordenaron, cómo se ejecutó en los territorios y cuáles fueron sus impactos sobre las víctimas y las comunidades.
La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que el secuestro fue una política sistemática de esa guerrilla, aplicada con distintos fines: financiar la organización, presionar intercambios por guerrilleros presos y ejercer control social y territorial.
Este último patrón, menos documentado hasta ahora, incluyó retenciones como castigo a quienes no acataban órdenes o eran señalados, muchas veces sin pruebas, de colaborar con otros actores armados. También hubo casos de personas obligadas a realizar trabajos forzados durante su cautiverio.
Como resultado de la investigación, la JEP identificó a 63 máximos responsables de estos hechos y les atribuyó crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre las conductas imputadas no solo está la toma de rehenes y las graves privaciones de la libertad, sino también otros delitos cometidos durante el cautiverio, como tortura, tratos crueles, violencia sexual, homicidios, desapariciones forzadas y esclavitud.
De ese grupo, apenas 23 habían sido condenados previamente por la justicia ordinaria, varios de ellos en ausencia.
“Entre los integrantes de la fuerza pública con los que el Bloque Oriental buscó forzar un intercambio por guerrilleros presos estuvieron Luis Arturo Arcia y Luis Alfonso Beltrán, quienes permanecieron 14 años en cautiverio, entre 1998 y 2012. Relataron haber sido sometidos a lo que ellos llamaron "las marchas de la muerte", unas caminatas extenuantes, de más de 40 días. Además, durante su secuestro sufrieron malos tratos, desnutrición, enfermedades como paludismo y leishmaniasis, para las que no recibían tratamiento médico, y vivieron hacinados en calabozos o celdas de tablas en las que estaban hasta 30 personas a quienes no les permitían ni siquiera ir al baño”, se lee en el documento de la JEP.
La Sala cerró esta etapa con nuevas imputaciones contra antiguos mandos del Bloque Oriental y del Bloque Sur, dos de las estructuras señaladas de mantener a víctimas durante largos periodos en condiciones extremas.
Estas decisiones se suman a imputaciones previas contra exintegrantes del último Secretariado y otros mandos regionales. Con ello, la JEP considera completa la atribución de responsabilidades a los máximos responsables por la política de secuestro.
El proceso judicial se apoyó en la contrastación de versiones de excombatientes, informes de organizaciones y decisiones previas de la justicia, así como en una amplia participación de víctimas.
Miles se acreditaron ante la JEP y centenares intervinieron en audiencias para relatar los abusos sufridos: maltratos físicos y psicológicos, humillaciones, marchas forzadas, falta de atención médica, hambre, amenazas constantes y el impacto diferenciado sobre mujeres, personas mayores, niñas y niños.
También se documentó el sufrimiento de las familias, marcadas por la incertidumbre, las negociaciones forzadas y secuelas que perduran en la salud y los proyectos de vida.
Además de esclarecer responsabilidades, el proceso ha permitido avances en verdad y reparación simbólica.
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¿Qué sigue ahora tras el cierre de la investigación?
Algunos comparecientes han reconocido públicamente su responsabilidad ante las víctimas, y la información aportada ha contribuido a la búsqueda de personas desaparecidas y a esclarecer el destino de quienes murieron en cautiverio.
Tras el cierre de la investigación, el caso entra en la etapa de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Dependiendo de la actitud de los imputados, los procesos pasarán al Tribunal para la Paz, que impondrá las sanciones propias del sistema transicional, o a la Unidad de Investigación y Acusación si no hay reconocimiento.
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