JEP ordena al gobierno adoptar plan de acción para proteger a firmantes de paz

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP emitió una orden al alto comisionado para la Paz, para activar las competencias de la  Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), tras verificar que no existe una estrategia institucional para prevenir la violencia de los grupos delincuenciales contra los firmantes del Acuerdo de Paz.

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Asimismo, el tribunal especial solicitó que se incluya un plan de acción que permita combatir y desmantelar a las organizaciones armadas ilegales que atentan contra los procesos de reincorporación de los excombatientes.

Entre las decisiones adoptadas por la JEP también se pidió a la Procuraduría iniciar una investigación disciplinaria para determinar el porqué de la inexistencia del reglamento interno de la CNGS, luego de cinco años de su creación.

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Esta negligencia, según la JEP, ocasiona que no exista una política encaminada a combatir a grupos criminales que afectan a los excombatientes y comparecientes que se encuentran en proceso de reincorporación, tal y como fue establecido en el Acuerdo Final de Paz.

Entre los integrantes de la CNGS, que deberían garantizar la creación de esta política que sugiere el tribunal de justicia, se encuentran el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, el presidente de la República; los ministros del Interior, Defensa y Justicia; el fiscal general; el comandante de las Fuerzas Militares; el director de la Policía Nacional; tres expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.

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De otro lado, los magistrados de la JEP concluyeron que no hay claridad sobre el proceso para la toma de decisiones en la CNGS, y cuestionaron el papel de la Procuraduría, la Unidad Especial de Investigación, el Comando de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía en su nula no participaron en la elaboración de los diferentes lineamientos que presentó el alto comisionado el pasado 19 de marzo de 2021.

Finalmente, el balance entregado por la Sección señaló que 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, incluidas 10 mujeres, entre ellas una indígena del Cauca.