Imputan a José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, por el caso de los pasaportes
Sospechan que se extralimitó en sus funciones al revocar las decisiones de Álvaro Leyva y adjudicarle el contrato a Thomas Greg & Sons.
Noticias RCN
11:25 a. m.
En las últimas horas, la Fiscalía imputó a José Antonio Salazar, exsecretario de la Cancillería, por el caso de los pasaportes.
Antes de que la Casa de la Moneda de Portugal e Imprenta Nacional quedase a cargo del proceso para expedir los pasaportes, hubo un problema que implicó a Salazar y al excanciller Álvaro Leyva (justamente fue suspendido por este hecho).
¿Qué pasó con los pasaportes?
A finales de febrero de 2024, la Cancillería le había adjudicado a Thomas Greg & Sons el contrato de los pasaportes. Anteriormente, en septiembre de 2023, Leyva había declarado desierta la licitación.
Para el entonces ministro, ninguno de los oferentes había cumplido con los requisitos. Sin embargo, la Procuraduría lo suspendió provisionalmente por tomar la decisión sin respaldo suficiente, por lo que hubo una afectación a la contratación pública.
El caso no quedó ahí, dado que después decretó la urgencia manifiesta, pero sin causales suficientes. Esto contribuyó a la suspensión del cargo.
¿Salazar se extralimitó en sus funciones?
El futuro del contrato quedó en manos de Salazar, quien, bajo tres resoluciones, revocó la decisión de Leyva y le adjudicó el contrato a Thomas Greg & Sons.
Thomas Greg & Sons desiste de la demanda contra el Estado por licitación desierta de pasaportes
Además, terminó la urgencia manifiesta. Esto hizo que al interior del Gobierno lo señalaran de traicionero y declararan su insubsistencia.
Los hechos llegaron hasta la Fiscalía y a Salazar lo imputaron por presunto prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Al parecer, la adjudicación fue irregular y supuestamente se extralimitó en sus funciones.
Según el ente acusador, en el tiempo que fue secretario general (18 de agosto de 2022 al 26 de febrero de 2024), compró un predio en Puerto López por 950 millones de pesos. Lo llamativo es que no tenía la base financiera ni los recursos para una adquisición por este valor.
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