La Corte Suprema acusó formalmente al exsenador Ciro Ramírez

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia formalizó la acusación contra el exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien está siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Corte Suprema acusó formalmente a Ciro Ramírez

Los hechos en cuestión ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando Ramírez era congresista. La Corte lo acusó por su presunta injerencia indebida en la contratación de obras públicas en dos departamentos del país.

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La Corte consideró que hay pruebas suficientes para acusar a Ramírez, quien se encuentra privado de la libertad desde el 15 de diciembre de 2023.

Ramírez es abogado y ha tenido una amplia trayectoria en el Congreso. Entre 2014 y 2018 fue miembro de la Cámara de Representantes y para el periodo 2018 – 2022 se desempeñó como senador. Él fue relegido en 2022, pero tras ser capturado, se declaró la ‘silla vacía’ de su curul.

¿De qué se le acusa a Ciro Ramírez?  

Por orden de la Sala de Instrucción, Ramírez fue detenido el año pasado en medio de la investigación en su contra por su presunta relación con un caso de corrupción alrededor de la celebración indebida de contratos.

El escándalo también relaciona a otros cinco senadores que hacían parte de la coalición de Gobierno, quienes habrían sido la cabeza de una posible red de corrupción en contratación estatal.

Al parecer, Ramírez habría influenciado en la contratación indebida de  13 obras en Quindío y Tolima. El exsenador habría recibido millonarias coimas para beneficiar a particulares en la celebración de los contratos.

Contexto: Fue capturado el senador Ciro Ramírez, señalado por presuntas irregularidades en contratos

Con base a la investigación de la Fiscalía, se encontraron documentos en los cuales Prosperidad Social y la empresa ‘Proyecta Quindío’ habrían beneficiado al contratista Anderson González para que se quedara con una serie de 11 contratos relacionados a proyectos con ejecución en Quindío que superaban los nueve mil millones de pesos.

Katherine Rivera, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Ramírez, habría sido la intermediaria entre Prosperidad Social y ‘Proyecta Quindío’ para direccionar los contratos a González. En consecuencia, se le habría dado información de más al contratista para que su propuesta fuera la elegida. 

A cambio de recibir información, González habría acordado el pago de mil millones de pesos, los cuales iban destinados a las personas que intercedieron en el procedimiento.