La explicación de la Policía a la Procuraduría sobre su accionar en protestas en Bogotá

En un documento que la Policía Nacional envió a la Procuraduría General de la Nación se explica lo que ocurrió durante las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá y las órdenes que se impartieron a los uniformados. 

La institución aseguró que los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) solo debía intervenir ante ataques de vándalos.

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En el extenso texto enviado a la Procuraduría, de puño y letra, por el comandante encargado de la Policía Nacional, el general Gustavo Moreno, sobre las decisiones tomadas luego de los hechos vandálicos en Bogotá, se relata que, en la efervescencia de la muerte de Javier Ordóñez, por parte del nivel central se emitieron cinco oficios, seis poligramas y 57 órdenes a todos los miembros de la Policía para controlar los desmanes ocasionados.

En el siguiente poligrama o reporte oficial, según la Policía, se ordenó siempre garantizar el derecho a la protesta. “Despliegue de las capacidades institucionales en pro de garantizar el derecho a la libre reunión y asociación, así como el despliegue de unidades de control de disturbios en caso de requerir la intervención ante focos de violencia”.

Según el documento, solo se ordenó al Esmad intervenir ante actos de violencia. “Disponer de las capacidades institucionales como los Esmad, los cuales deben estar preparados para evitar saqueos e incendios generados por vándalos que traten de afectar la seguridad”.

Incluso después de los hechos desencadenados con el ciudadano Ordóñez se tomó una instrucción inmediata: “revisar la dotación del Esmad frente a las armas menos letales y demás elementos para el servicio”.

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El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia impartió una serie de órdenes a la Policía, al Ministerio de Defensa y al presidente Iván Duque sobre la protección a las manifestaciones pacíficas.

El alto tribunal pidió suspender las escopetas calibre 12 de uso del Esmad, además, señaló que el Gobierno debe conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre el uso de la fuerza frente a la protesta social.