'La línea que no se cruza', estrategia de la Procuraduría para las elecciones 2026

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, presentó la nueva fase de la estrategia ‘Paz Electoral’, denominada ‘La línea que no se cruza’ con la que se busca prevenir la indebida participación en política por parte de funcionarios del Estado, una guía que delimita con precisión las conductas permitidas y prohibidas durante el proceso electoral presidencial de 2026.

Y es que, a menos de un mes de la primera vuelta presidencial, la Procuraduría advierte que el proceso electoral es uno de los momentos de mayor riesgo para la integridad institucional del país y que la vigilancia sobre el comportamiento de los servidores públicos será prioritaria durante este período.

El funcionario hizo un llamado expreso a los procuradores regionales y provinciales para que lideren la divulgación de esta guía en todo el territorio nacional, con especial atención a las regiones donde históricamente han proliferado prácticas como el clientelismo y el uso indebido de recursos públicos para fines electorales.

“Entre más pedagogía hagamos y contribuyamos a que no se cruce la línea roja, mucho mejor. Ojalá podamos acostarnos sabiendo que hicimos algo por la democracia”, afirmó el procurador Eljach.

Las seis conductas que configuran indebida participación en política

Estos son los comportamientos que constituyen violaciones a las normas electorales y que pueden derivar en sanciones disciplinarias.

• Financiar o promover campañas políticas desde el cargo que ocupan.
• Presionar o favorecer subalternos para apoyar candidatos.
• Utilizar recursos públicos en actividades o reuniones políticas.
• Difundir propaganda electoral desde funciones oficiales.
• Inclinar o permitir el uso del aparato estatal a favor o en contra de partidos o causas políticas.
• Usar información reservada de entidades públicas con fines electorales.

¿Qué pueden hacer los funcionarios públicos en época electoral?

• Difundir información general
• Participar en debates de interés colectivo ajenos a campañas políticas
• Ejercer el derecho al voto —excepto miembros de la fuerza pública
• Inscribirse como miembros de partidos políticos.

Quienes incurran en estas conductas pueden recibir sanciones disciplinarias dependiendo de la falta y su gravedad, o penales por el delito de intervención indebida en política. Es decir, el funcionario público podría recibir una multa o ser destituido del cargo público.