“La medida no tiene nada de preventivo, suena más a vengativo”: defensa de Uribe

A través de un comunicado divulgado por Twitter, el abogado Jaime Granados, defensor principal del senador y expresidente Álvaro Uribe, en el caso que cursa en su contra por presunta corrupción de testigos, informó que no presentarán recursos para apelar la decisión proferida una semana atrás por la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordenó detención preventiva, con beneficio de detención domiciliaria, para el líder del Centro Democrático.

Según precisa en su comunicado Granados, después de analizar las 1.554 páginas del de la decisión de la sala especial, “no encuentra ningún fundamento legal para ordenar la detención del expresidente”.

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Para Granados, se habría violado el debido proceso al líder político, señalando seis principios jurídicos consignados constitucionalmente.

Según el abogado, los errores procedimentales se harán evidentes en tanto se cumpla la solicitud de levantamiento de la reserva legal, pedida por la defensa de Uribe Vélez y del representante, también del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien se encuentra vinculado al proceso.

Dentro del listado de errores denunciados se encuentra la falta al principio de presunción de inocencia, señalando que la detención de Uribe es “injusta e innecesaria” y que el líder político ha respondido cabalmente a los llamados que le ha realizado la justicia durante los más de dos años que han corrido desde el inicio del proceso.

“Dicha decisión viola el legítimo derecho de Álvaro Uribe  de asumir su defensa en libertad”, resalta el comunicado, en el que se recuerda que el expresidente no ha sido acusado ni condenado.

“No tiene nada de preventivo, suena más a vengativo”, reza el comunicado del abogado Jaime Granados.

Comunicado a la opinión pública de la defensa del señor Presidente @AlvaroUribeVelpic.twitter.com/sDTvvxjGcS

— Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) August 11, 2020

Por otro lado, afirma que también se viola el derecho a una “investigación Integral y objetiva”, y que en las interceptaciones telefónicas usadas como material probatorio, en ningún momento se escucha al expresidente hablando directamente con los testigos, ni pidiendo el cambio de sus declaraciones.

“La defensa lleva dos años enterándose del proceso por filtraciones”, afirma Granados, aduciendo que no se ha entregado por parte de los entes judiciales los datos solicitados, ni tampoco se ha accedido a escuchar la versión libre del líder político.

Dentro del texto de la defensa, se denuncia una presunta investigación ilegal contra Uribe, por parte del togado José Luis Barceló, y se indica que este no tenía competencias para realizar las averiguaciones que adelantó.

“El expresidente fue chuzado por error”, señalando que del caso hacen parte unas interceptaciones que se añadieron de forma irregular al folio de la investigación contra Uribe.

“El precedente de avalar esta investigación en pruebas ilegales, lastíma el estado de Derecho”, afirma.

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Del mismo modo, en el listado de presuntas irregularidades, Granados denuncia que no se ha permitido adelantar los interrogatorios por parte de la defensa a los supuestos testigos objeto de soborno, señalando a su vez que hay errores frente a los eventuales impedimentos de magistrados frente al caso.

Según Granados, mientras que la togada Cristina Lombana fue apartada del caso por su pasado castrense, no se declaró el impedimento en el caso del magistrado Héctor Alarcón, quien otrora se había manifestado víctima de Álvaro Uribe por el caso de las chuzadas.

La defensa señala que no se ha permitido interrogar a los testigos presuntamente sobornados, y que son el eje central del andamiaje del caso.

A lo anterior se suma, según Granados, el no respeto del derecho de “inviolabilidad” de comunicaciones abogado – cliente, denunciando que, pese al respeto por la libertad de prensa, es preocupante el nivel de filtraciones, que, en lugar de generar certeza o claridad frente al caso, se han prestado para desinformación; según Granados.

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Finalmente, advierte que se habría violado el principio de imparcialidad. “Resulta preocupante que en la orden de detención contra Álvaro Uribe se compulsarán copias contra varios testigos, que durante la indagatoria declararon a favor de la versión del expresidente”.

Granados concluye que esto materializaría un escenario de coacción contra los testigos, y reclama que no se hayan tomado acciones frente a la contraparte, y que incluso habría existido destrucción de material probatorio.