Ley de sometimiento: exministra Ángela María Buitrago advierte posibles vacíos jurídicos y choques entre normas
La exministra de Justicia señaló que el proyecto presentado por el Gobierno debe armonizarse con la Ley 2272 de 2022 y otras iniciativas.
Valentina Bernal
08:41 p. m.
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca establecer reglas para el sometimiento a la justicia de integrantes de organizaciones armadas ilegales. La iniciativa contempla condiciones y beneficios judiciales sujetos al cumplimiento de compromisos, entre ellos la colaboración con la justicia y el desmantelamiento de las estructuras criminales.
Sin embargo, la propuesta también abrió el debate sobre cómo se relacionaría con las normas que ya existen en Colombia para abordar a estos grupos.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago advirtió que es necesario revisar la compatibilidad entre los marcos legales vigentes para evitar que distintas disposiciones terminen generando vacíos o interpretaciones contradictorias.
¿Qué cuestiona la exministra sobre el proyecto?
Buitrago consideró que la radicación de la iniciativa representa un avance hacia la creación de reglas para el sometimiento, pero insistió en que es necesario distinguir entre los grupos armados organizados y las estructuras organizadas de alto impacto.
Según explicó, el proyecto aborda a los grupos armados organizados (GAO) y a los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). No obstante, a su juicio, aún debe resolverse cómo se articula esta propuesta con el marco jurídico aplicable a las estructuras organizadas de alto impacto.
La exministra también señaló que, aunque el Gobierno plantea un proceso sin negociaciones en sentido estricto, los beneficios y las rebajas de penas contemplados en el sistema penal pueden abrir discusiones sobre el alcance real de ese mecanismo.
Ley 2272: ¿qué pasaría si ambas normas siguen vigentes?
Uno de los principales reparos de Buitrago tiene que ver con la Ley 2272 de 2022, que, según indicó, continúa vigente y contiene disposiciones relacionadas con las estructuras organizadas de alto impacto.
La exministra explicó que la Ley 1908 regula a los grupos armados organizados y a los grupos delincuenciales organizados. Sin embargo, sostuvo que las estructuras organizadas de alto impacto requieren un marco jurídico específico que defina cómo deben ser investigadas y juzgadas.
En ese sentido, recordó que la Corte Constitucional señaló en una decisión de 2023 la necesidad de establecer una regulación especial para estas estructuras.
Si la Ley 2272 sigue viva, la decisión de la Corte Constitucional, en mi criterio, sigue siendo imperativa.
Para la exministra, si el nuevo proyecto no resuelve esa relación normativa, podrían surgir dificultades para determinar qué procedimiento debe aplicarse a cada organización y bajo qué condiciones se adelantarían las investigaciones y los procesos judiciales.
Las rebajas de penas también generan interrogantes
Otro de los puntos que destacó Buitrago es la aplicación de los beneficios judiciales. Aunque la iniciativa no plantea negociaciones en sentido estricto, considera que las rebajas de penas previstas en el sistema penal deben analizarse en detalle.
La exministra señaló que todavía es necesario establecer cómo se tramitarían esos beneficios dentro del nuevo proyecto y cómo se relacionarían con las reglas existentes.
A su juicio, el Congreso deberá estudiar estos aspectos para evitar que las organizaciones puedan acogerse a diferentes mecanismos legales con condiciones distintas, lo que podría generar interpretaciones contradictorias en materia penal.
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