Ley de sometimiento: estos son los beneficios y condiciones que propone el Gobierno
El proyecto radicado ante el Congreso contempla rebajas de penas de hasta el 50%, entrega de bienes y más.
Valentina Bernal
04:58 p. m.
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de integrantes de organizaciones armadas ilegales.
La iniciativa, presentada por los ministros de Justicia, Iván Alfonso Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, propone modificar y ampliar disposiciones de la Ley 418 de 1997.
A diferencia de una negociación política, el modelo plantea que los integrantes de estas estructuras respondan ante la justicia ordinaria y reciban beneficios condicionados al cumplimiento de compromisos verificables.
¿Qué beneficios contempla el proyecto?
Uno de los puntos centrales es la reducción de penas del 50% para los integrantes que cumplan los requisitos y del 30% para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo. Estas rebajas dependerían de sus aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de las organizaciones.
También se proponen modalidades especiales para cumplir las condenas, como colonias agrícolas y cárceles productivas, además de alternativas de libertad condicional sujetas a requisitos legales.
En determinados casos, el proyecto contempla suspender condicionalmente el cumplimiento de la pena para integrantes sin funciones de mando y colaboradores que satisfagan las condiciones establecidas.
¿Qué dice de la entrega de armas y reparación a las víctimas?
Para acceder a los beneficios, los integrantes deberán entregar las armas y los bienes ilícitos, cesar sus actividades criminales y aportar información sobre la estructura de la organización, sus economías ilegales y sus posibles redes de corrupción.
Asimismo, tendrán que contribuir a esclarecer hechos violentos, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y responder por los daños ocasionados a las víctimas.
El incumplimiento de los compromisos podría llevar a la pérdida de los beneficios otorgados.
¿Qué pasaría en los territorios afectados?
La iniciativa también propone una estrategia de Intervención Territorial Integral, con la que el Estado busca recuperar el control de las zonas afectadas por la violencia, fortalecer su presencia institucional y promover alternativas económicas legales.
El objetivo es evitar que, tras el desmantelamiento de una organización, otros grupos ocupen su lugar y mantengan el control de las economías ilegales.
El proyecto aclara que el sometimiento no implica suspender las operaciones de la Fuerza Pública ni las investigaciones judiciales.
¿Cómo funcionaría el proceso de sometimiento?
La iniciativa contempla dos etapas para los procesos colectivos.
Primera fase: administrativa. El Gobierno recibiría la solicitud presentada por un interlocutor designado por la organización. La petición deberá incluir información sobre sus integrantes, mandos, área de influencia, armas, bienes y economías ilegales, así como datos disponibles sobre personas desaparecidas y secuestradas.
Después, se establecería una ruta de cumplimiento que incluiría el desarme, la entrega de bienes y la reintegración de menores reclutados. El Gobierno verificaría los avances y documentaría los compromisos cumplidos y pendientes.
Esta etapa tendría una duración máxima inicial de tres meses, prorrogable una sola vez por el mismo periodo, mediante justificación.
Segunda fase: judicialización. Las autoridades judiciales asumirían el caso y evaluarían las contribuciones a la verdad, la reparación, la entrega de bienes y el desmantelamiento de las economías criminales. También determinarían la responsabilidad individual de cada integrante y los beneficios que podrían reconocerse conforme a la ley.
El Ministerio de Justicia coordinaría la fase administrativa, mientras que la Fiscalía mantendría sus funciones de investigación y acusación y los jueces conservarían la competencia para adoptar las decisiones judiciales correspondientes.
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