Más de 6.400 casos de 'falsos positivos' se registraron entre 2006 y 2008, según la JEP

A través del auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer la priorización que aplicará durante la investigación que cursa en el marco del caso 03, referido a los falsos positivos, señalando que se centrará en los casos reportados entre 2002 y 2008.

La entidad adujo que en este periodo se registró cerca del 78 % de los sumarios históricos de muertes ilegales presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado.

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Según la entidad, luego de un proceso de contraste de información existente; incluidas cuatro bases de datos de instituciones como el Centro de Memoria Histórica, el sistema de Información Judicial de la Fiscalía, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y el Sistema Oral Penal Acusatorio, la cifra de falsos positivos en el periodo enunciado es mayor a 6.400 casos; número que supera con creces a la reportada por la Fiscalía General de la Nación en su informe, donde solamente se consideran 2.248 casos ocurridos entre 1988 y 2014, siendo el grueso de los casos, 59.3 %, sucesos acaecidos entre 2006 y 2008.

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De acuerdo con la información recopilada, la entidad dio a conocer que priorizará las investigaciones en seis territorios, donde se contiene el grueso de las ejecuciones extrajudiciales, señalando a su vez que el 66 % del total de estos se concentró en 10 departamentos.

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Los territorios priorizados para las investigaciones son Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Casanare, Huila y Meta.

El primero, Antioquia, representa el escenario más crítico, pues concentra cerca del 25 % del total de casos reportados entre 2002 y 2008.

Sobre el procedimiento que regirá el curso del estudio del caso 03, la JEP precisó que se irá “de abajo hacia arriba”; es decir que se partirá del establecimiento de las responsabilidades en los escenarios locales, para ir ampliando el círculo al establecimiento de los determinadores a nivel regional y nacional.

De acuerdo con lo revelado por las investigaciones previas de la entidad, el fenómeno de muertes ilegales presentadas como bajas en combate, o falsos positivos descendió en el año 2009.

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De igual modo, la entidad dio a conocer que, de acuerdo con la Ley 1922 de 2018, se abrirá un tiempo durante el cual las consideradas víctimas de estos delitos pueden opinar u objetas sobre la priorización establecida. La JEP señala que dicho espacio responde al interés por garantizar transparencia en el proceso.

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