Mininterior: nueva ley de Seguridad Ciudadana “busca evitar impunidad y castigar al delincuente”

La aprobación del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y la inclusión de un artículo que avala el concepto de legítima defensa, ha despertado la preocupación en varios sectores sociales, que consideran esto como la vuelta en marcha de las antiguas ‘Convivir’.

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Según advierten los detractores de la norma, esta autoriza a los ciudadanos para portar armas y utilizarlas de manera indiscriminada en contra de la población, lo que podría generar enfrentamientos entre civiles.

No obstante, el Gobierno Nacional negó dichas afirmaciones y expresó que no es cierto que la nueva ley de Seguridad Ciudadana fomentaría el paramilitarismo urbano.

Asimismo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que esta ley contiene criterios fuertes en temas de derechos humanos y que también está pensada para favorecer a la fuerza pública en su formación y en el fortalecimiento de sus acciones para generar más confianza y transparencia en la ciudadanía.

“Se creará un código disciplinario de Policía nuevo, en donde se incluyen nuevas conductas motivo de sanción, se garantiza el debido proceso y se deja absolutamente claro que cualquier violación al DIH será de preferencia atendido por la Procuraduría General de la Nación”, indicó Palacios.

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Entretanto, el ministro agregó que el proyecto no “nace para satisfacer a ninguna bancada”, criticando los comentarios de la oposición con respecto a la nueva ley, y dijo que tampoco es verdad que lo establecido ahora vaya a favorecer la aparición de grupos paramilitares urbanos o a afectar el desarrollo de la protesta social.

“Logramos hacer unas afinaciones y como ha quedado es que hoy se entiende como legítima defensa privilegiada cuando la persona se defienda en su habitación, en su residencia o en su vehículo, frente a una intromisión violenta a su hogar”, aclaró con respecto al tema de la legítima defensa.

Sobre el desarrollo de la protesta social, el funcionario expresó que “no hay ni una sola mención de la protesta pacífica en todo el proyecto, porque la protesta pacífica y social está garantizada por nuestra Constitución”, por lo que no es cierto que se vaya a ver afectada con la entrada en vigencia de la ley.