Cárcel para mujer que aparentó ser funcionaria pública para robar más de $450 millones
Al parecer, ocho personas fueron víctimas de sus engaños. La mujer se apoderó de más de 450 millones de pesos.
Noticias RCN
08:50 a. m.
Adriana Patricia Lizarazo Cordero, este es el nombre de la mujer que se habría hecho pasar como funcionaria del sector público para quedarse con inmensas sumas de dinero.
Entre 2016 y 2024, casi una década; Lizarazo aparentaba estar adscrita a la Fiscalía, JEP, DIAN y otras entidades públicas. Con esa fachada, hacía creer que estaba a cargo de remates judiciales de inmuebles y carros de alta gama.
Ofreció remates falsos a cambio de dinero
Las estafas se orquestaban de la siguiente forma: ella presuntamente conversaba con interesados hasta ganarse su confianza. Cuando llegaba a este punto, al parecer solicitó consignaciones a cambio de asegurar el bien.
Incluso, hay evidencias de las supuestas letras de cambio, contratos y demás documentos con los que Lizarazo habría aparentado la legalidad del negocio. Después que las víctimas le enviaran dinero, ella decía que iban a recibir un pin con el que podían participar en la adquisición del bien. Sin embargo, no era cierto.
La millonaria suma que le robó a las víctimas
Las investigaciones apuntan que ese lapso, supuestamente se apoderó de más de 450 millones de pesos. Hace poco, Lizarazo fue capturada en Susa (Cundinamarca) y enviada a prisión.
“Haberle hecho creer a la víctima que siendo directora de fiscalización aduanera de la Dian, podía lograr el levantamiento de una medida cautelar aduanera que le había impuesto a dos inmuebles de su propiedad”, narró el fiscal sobre uno de los engaños.
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En otro caso, Lizarazo simuló trabajar en la Fiscalía. El fiscal señaló: “Podía lograr que le adjudicaran dicho inmueble a través de un remate que supuestamente revisaría un juzgado de Tunja. Acordó con ella (la víctima) la suma de cinco millones de pesos mensuales”. Esta estafa fue por $65 millones.
Lizarazo también engañó a otra persona diciéndole que trabajaba en la JEP. Así como los casos anteriores, las víctimas aceptaban pagarle dinero cada mes.
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