No solo el Clan del Golfo: operaciones contra las disidencias también se habrían frenado durante el Gobierno Petro
En un documento conocido por Noticias RCN se solicita, incluso, al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, seguridad para los cabecillas de las disidencias.
Giovanny Suárez
07:49 p. m.
A través de directrices reservadas, durante la fallida búsqueda de la paz total del Gobierno Petro, se habría ordenado entre 2024 y 2025 la suspensión de operaciones militares contra la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.
Así quedaría expuesto en un documento al que tuvo acceso Noticias RCN, firmado por el entonces comisionado de paz, Otty Patiño, en el que se solicita al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, “respetuosamente que por su conducto se ordene la suspensión de operaciones militares de inteligencia, aviación, no tripulada y policiales”.
Versiones encontradas:
Tras conocerse una denuncia por presuntos acercamientos entre funcionarios del Gobierno Petro con el Clan del Golfo, el exdirector de la Policía Henry Sanabria aseguró que altos funcionarios dieron la orden de frenar las operaciones contra la mayor estructura criminal del país.
El presidente Petro respondió en su cuenta de X que “jamás se han detenido operaciones militares” y a la fecha “no existe un cese con ninguna organización y desde hace tres años y medio”.
Sin embargo, la Procuraduría inició una indagación preliminar contra cuatro de sus exfuncionarios: Iván Velásquez Gómez (exministro de Defensa), Iván Danilo Rueda Rodríguez (excomisionado de paz), Jorge Lemus (exdirector nacional de inteligencia), Ricardo Rey Rosanía (exsubdirector nacional de inteligencia), para determinar si excedieron sus funciones o actuaron en contravía de la ley.
Exfuncionarios habrían solicitado protección para las disidencias:
Según lo expuesto en el documento, incluso, llegaron a solicitar seguridad para los cabecillas de las disidencias: “Señor ministro, le solicito sea autorizada la prestación de seguridad por parte de la unidad policial para la edificación de la paz (UNIPEP), en los aeropuertos de Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo) y en la Central Aerospace en Bogotá, con el fin de garantizar la protección de estas personas”.
El documento conocido por Noticias RCN respalda la versión revelada por fichas como Sanabria y deja en entredicho la respuesta del Gobierno, que llevó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a solicitar a su coordinador de empalme y fórmula de campaña adelantar las actuaciones jurídicas e institucionales que correspondan para determinar qué ocurrió con exactitud.

